Sánchez redobla su apuesta por juzgar en España a Puigdemont

España 06 de noviembre de 2019 Por
El presidente ha ratificado que por su orden la Fiscalía colabora activamente con la justicia belga para ejecutar la extradición. Sus palabras generaron malestar en la Unión Progresista de Fiscales. El líder catalán se encuentra asentado en Bélgica desde octubre de 2017.
Sánchez y Puigdemont, de EFE
- Fuente: EFE.

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El presidente Pedro Sánchez ha redoblado su apuesta por traer de vuelta a suelo español a Carles Puigdemont al ratificar que la Fiscalía ha facilitado toda la documentación necesaria a la justicia belga para llevar a cabo la extradición. 

En una entrevista concedida a RNE, el dirigente del PSOE y candidato a la reelección confirmó la promesa que formuló durante el debate presidencial del lunes de lograr enjuiciar en territorio español al referente independentista catalán. Al ser consultado sobre el tema, Sánchez ha enfatizado que fue la Fiscalía la que solicitó la activación de la euroorden en perjuicio de Puigdemont. “¿De quién depende la Fiscalía?”, ha dicho. A continuación, el entrevistador le ha respondido: “Sí, sí, depende del Gobierno”. A lo que Sánchez replicó: “Pues ya está”.

El expresidente catalán Carles Puigdemont se encuentra asentado en Bélgica desde octubre de 2017. La decisión de la entrega, reactivada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, depende íntegramente de la justicia belga.

En rigor, a distancia del mensaje que ha dejado entrever el presidente sobre su responsabilidad en la orden de captura, la Fiscalía de España funciona de forma autónoma al Ejecutivo. Tanto la Constitución como su propio Estatuto Orgánico establecen que los fiscales actúan “con plena objetividad e independencia” en defensa de la legalidad, y que en su actuación rigen “en todo caso” los “principios de legalidad e imparcialidad” con sujeción a la Constitución, a las leyes y demás normas que integran el ordenamiento jurídico. En el caso de las actuaciones solicitadas por el Gobierno al fiscal general, la ley establece que el máximo responsable del ministerio público será quien resuelva en última instancia sobre su viabilidad o procedencia. 

En ese sentido, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha recordado también, en un mensaje en Twitter, que "el Ministerio Fiscal es autónomo del Gobierno, de cualquier Gobierno y este no puede dar órdenes al o a la Fiscal General, que quede claro".

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