El Congreso aprobará este miércoles la extensión de las moratorias hipotecarias hasta el 29 de septiembre

Su votación tendrán lugar después de que ayer fuera debatido y la mayoría de los grupos de la Cámara Baja mostrasen su apoyo a excepción de Vox, que votará en contra, y de grupos como ERC, EH Bildu o el BNG que anunciaron su abstención.

En cuanto el PP, Andrés Lorite no dejó clara su posición, aunque Servimedia ha podido saber de fuentes del partido que se va a abstener. Además, todo apunta a que se apruebe su tramitación como proyecto de ley, algo a lo que el Gobierno está dispuesto.

En la defensa del decreto, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, destacó que “todas estas medidas de protección social tienen el objetivo de afrontar la transición efectiva a la nueva normalidad salvaguardando la protección de los hogares y de manera especial la de los más vulnerables”.

En esta línea, apuntó que “la grave situación en el ámbito económico y social que afecta a los hogares en España y las especiales consecuencias que eso puede tener en la vivienda en alquiler justifica la necesidad de las medidas propuestas”.

En cuanto a las medidas relativas al sector del transporte señaló que tienen el objetivo de proteger la salud de los trabajadores y los viajeros en el ámbito aéreo, uno de los sectores más afectados por la crisis; proporcionar liquidez a las empresas y reducir las cargas administrativas.

“Estamos convencidos de que el transporte y la movilidad deben ser claves para afianzar la recuperación”, añadió el ministro, quien destacó el esfuerzo presupuestario que suponen estas medidas para las empresas privadas y para algunas públicas como Renfe y Seittsa.

En nombre del PP, el diputado Andrés Lorite cuestionó que el decreto pueda ser un instrumento para la reactivación económica de los sectores impactados por la pandemia por su “falta de compromiso y la patente ausencia de diálogo con las organizaciones profesionales”. “Es pobre, insuficiente y cicatero”, sentenció, antes de criticar la "ausencia de gestión del ministro Ábalos”.

Le respondió el diputado del PSOE, César Ramos, quien le pidió que “se sumen y trabajen con nosotros”. “Los españoles se merecen un Gobierno responsable y una oposición digna de ser representante de todos”, añadió Ramos, antes de concluir su intervención pidiendo que “arrimen el hombro”.

En cuanto al voto en contra de Vox, la diputada Patricia de las Heras denunció que “no se dan los requisitos de extraordinaria y urgente necesidad” y criticó que se trata de “un totum revolutum” de medidas para resolver los efectos negativos de medidas anteriores del Gobierno en su “nefasta gestión” de la crisis sanitaria, además de contener otras medidas arbitrarias que no tienen ninguna relación.

Este decreto incluye también ampliar hasta el próximo 30 de septiembre la prohibición de cortar el suministro de energía eléctrica, gas y agua y amplía de forma específica el periodo de percepción del bono social hasta esa misma fecha.

Además, incluye una prórroga de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual para familias o empresas en situación de vulnerabilidad, que se podrá solicitar hasta el 30 de septiembre. Será una prórroga extraordinaria del contrato por un periodo de 6 meses con las mismas condiciones.

Asimismo, amplía el plazo de solicitud de la moratoria arrendaticia para el caso de grandes tenedores o empresas públicas, de forma que se podrá solicitar hasta el 30 de septiembre el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta.

Otra de las medidas adoptadas es la prórroga por tres meses de la validez de los certificados de inspección técnica de los vehículos (ITV) cuya fecha de inspección esté comprendida entre el 21 de junio y el 31 de agosto de 2020, plazo que se contará desde la fecha de vencimiento del certificado.

En cuanto a las medidas de apoyo a empresas de transporte, el importe económico de las distintas ayudas para empresas privadas del sector del transporte y en materia de reducción de tasas portuarias asciende a 663 millones de euros.

En cuanto a las empresas públicas, la norma aumenta la capacidad de endeudamiento de Renfe hasta los 1.000 millones con el fin de compensar la caída de demanda e impulsar la recuperación de servicios y 110 millones de euros de aportación extraordinaria a Sittsa para que pueda atender sus compromisos de obras públicas en el medio plazo.

Por último, entre otras medidas, adopta a nivel nacional las disposiciones necesarias para que gestores aeroportuarios y compañías aéreas pongan en marcha las medidas de gestión de los pasajeros y personal de aviación civil ante la pandemia, minimizando los riesgos de contagio tanto en las instalaciones aeroportuarias como durante las diferentes etapas del viaje, incluyendo la limitación de acceso a los edificios terminales de los aeropuertos.
(SERVIMEDIA)