El Defensor del Pueblo recibió más de 29.000 quejas en 2021

El Defensor del Pueblo recibió el año pasado un total de 29.015 quejas, lo que supone un millar más que el anterior, cuando se recibieron 28.020. Además, la institución inició 182 actuaciones de oficio ante distintas administraciones, y atendió personalmente a 33.708 ciudadanos.
Así lo recoge el informe anual del Defensor del Pueblo correspondiente a 2021 que presentó este viernes en el Congreso de los Diputados Ángel Gabilondo, que lleva las riendas de la institución en sustitución de Francisco Fernández Marugán, que ocupó el cargo en funciones hasta el pasado 18 de noviembre de 2021.

Esa atención personalizada supuso prácticamente el doble que en 2002, cuando la institución atendió a 17.026 personas. De los atendidos en 2021, según el informe, 32.974 de ellos a través de llamadas telefónicas y 734 presencialmente.

En términos globales, en 2021 el Defensor del Pueblo ha gestionado un total de 29.401 expedientes que se corresponden con las 29.015 quejas de los ciudadanos, 182 actuaciones de oficio y 204 solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad o de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Como consecuencia de la tramitación de las quejas y de las actuaciones de oficio, el Defensor del Pueblo ha formulado este año, ante las distintas administraciones, un total de 582 Recomendaciones y 1.139 Sugerencias.

En cuanto al tiempo medio de respuesta, el Defensor tardó 30 días en una primera respuesta al ciudadano de admisión, no admisión o petición de datos y 35 días en la resolución del Defensor tras la respuesta de la administración. Por otra parte, los tiempos medios de contestación por la administración a peticiones de información de expedientes tramitados en 2021 fueron de 51 días (63 el año anterior).

Un 22% de los expedientes de queja procedieron de la Comunidad de Madrid, aunque bajó tres puntos porcentuales respecto al año anterior. Por zonas de procedencia de las quejas, le siguen Andalucía (12%) y Comunidad Valenciana (10%). Se advierte un incremento de quejas procedentes de las Islas Canarias, que engrosó el 5,5% de todas las quejas del país, cuando el año anterior representó el 3,75% (pasó de más de mil quejas a sobrepasar las 1.500). El ejercicio estuvo marcado por la erupción del volcán de la isla de La Palma, que dejó miles de damnificados.

Por áreas de actuación, las relativas a Seguridad Social y empleo fueron las más numerosas (13,4%), seguidas de las de Administración de Justicia (11,9%), función y empleo públicos (11,6%), Sanidad (8,2%), Migraciones, emigración e inmigración (6,8%), asuntos de interior (6,6%), educación (6%), actividad económica (5,3%), servicios públicos y esenciales (4,7%), impuestos (4,2%) y política social (3,9%).

SECUELAS DE LA PANDEMIA

En la rueda de prensa posterior a presentar el informe a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, Gabilondo se refirió a otros asuntos que no están recogidos en el documento, como la ayuda a los refugiados ucranianos, para quienes pidió una mejor “coordinación” de administraciones, organizaciones y ciudadanos particulares; y sobre la comisión para investigar los abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica, que espera que esté conformada antes de Semana Santa.

Respecto al informe, el Defensor aseguró que está marcado por las “secuelas del difícil y complejo año 2020, con consecuencias dolorosas y determinantes en la sociedad española” debido a la covid-19, que se ha reflejado en las quejas de tipo sanitario.

Pero también se hace eco de que se han paralizado numerosos proyectos en diversos ámbitos a raíz de la pandemia y se ha producido “un debilitamiento o pérdida de calidad de múltiples servicios”, e incluso la covid ha sido el “argumento” para “justificar aspectos que han de ser atendidos más adecuadamente”.

Entre ellos citó las restricciones a la presencialidad en áreas sanitarias, el aumento de las listas de espera, las trabas al acompañamiento de ingresados en hospitales y en residencias, también restricciones en los centros penitenciarios y problemas en la tramitación de la nacionalidad española.

También han suscitado un importante número de quejas, dijo, la dificultad al acceso a una vivienda y se incrementó la demanda de servicios sociales. Gabilondo lamentó los “retrasos” en las reclamaciones para la obtención del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y señaló que “la pobreza constituye un elemento de riesgo decisivo para los derechos de las personas”.

La brecha digital o las dificultades de acceso de colectivos como el de las personas mayores a servicios bancarios y administrativos también están presentes en las quejas así como la protección de migrantes y, en especial, de menores extranjeros no acompañados.

Gabilondo también subrayó que su institución sigue recogiendo quejas relativas a la “violencia contra las mujeres” e hizo hincapié sobre este término por ser el adoptado por los acuerdos internacionales. "Se refiere a todos aquellos actos de violencia cometidos contra las mujeres por el hecho de serlo".