Derechos Sociales prevé aprobar este viernes 60 medidas para reducir listas de espera en dependencia

Así lo anunció la ministra en su comparecencia ante la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados. La iniciativa forma parte del plan de choque de dependencia, que contempla una inversión de 3.600 millones de euros hasta 2023 para rediseñar el sistema de cuidados.

“Es un giro en las políticas que se habían venido aplicando y repara una gran injusticia a la que se había sometido a las personas en situación de dependencia”, dijo Belarra tras recordar que aún hay 230.000 personas esperando a percibir la ayuda de dependencia que ya tienen concedida.

Asimismo, la ministra recordó que otro de los objetivos del plan de Dependencia es fomentar la teleasistencia avanzada o procurar mejores condiciones laborales a los trabajadores del sector de los cuidados, reconociendo, por ejemplo, la figura del asistente personal este mismo año.

“Revertimos en un solo año todos los recortes del PP en dependencia. Los Presupuestos Generales del Estado ya recogen un aumento de las cuantías del nivel mínimo y del nivel acordado”, destacó Belarra.

Además, recordó que este año ya se ha presupuestado un aumento de 600 millones de euros para el SAAD y que permitirán dar los primeros pasos hacia los objetivos del plan de choque, que pasa por reducir listas de espera, tender a residencias más pequeñas con una atención centrada en la persona, mejorar condiciones laborales o impulsar la teleasistencia.

Además, para 2022 y 2023 el Gobierno se ha comprometido a llevar a los Presupuestos Generales del Estado unos incrementos similares a los de este año y acumulativos para conseguir el objetivo fijado entre el PSOE y Unidas Podemos para reducir la lista de espera de la dependencia en un 75%, así como mejorar las condiciones laborales de los trabajadores revisando los conciertos.

“Son indignas las conficiones de precariedad en estos trabajadores de la dependencia absolutamente esenciales que desempeñan sobre todo mujeres”, afeó la ministra, por lo que subrayó que esta será “una de las cuestiones clave”.

Asimismo, recordó que “nos fijamos como objetivo para finales de 2022 que todas las personas con dependencia tengan acceso al servicio de teleasistencia, que pasará a considerarse un derecho subjetivo ligado a la propia condición de dependencia”. A su juicio, todo esto supondrá un “giro de 180 grados en la forma de abordar la dependencia en España”.