¿ Judicialización de la crisis sanitaria ?

Once abogados que representan a 116 familias, que han perdido a allegados a causa del coronavirus en España, han interpuesto este lunes una querella contra los 23 miembros del Gobierno de España, acusándoles de un posible delito de homicidio por su gestión de la pandemia.

Así, esta querella colectiva imputa a todos los miembros del gobierno –el presidente Pedro Sánchez y sus 22 vicepresidentes y ministros– "un número no determinado aún de delitos de homicidio por imprudencia grave", aunque los firmantes han advertido que se podría ampliar para incluir la prevaricación y la omisión de socorro, así como para acusar a otros responsables de la gestión de la crisis sanitaria, como el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, y otros asesores técnicos del Ministerio de Sanidad.

Los promotores de la querella, la plataforma El Día Después, dicen en la página principal de su web: "Llevamos 56 días de arresto domiciliario, pero para que se cumplan los planes comunistas, aún faltan, como poco 10 días. Ten paciencia, lo peor está por llegar". En ella sostienen que la sociedad española "no había previsto la posibilidad de que volviera a vivirse una situación de estas características y, en consecuencia, no se encontraba preparada para combatirla de manera adecuada".

Así, entre las argumentaciones de esta plataforma se mezclan, por un lado, las acusaciones al Ejecutivo por las muertes por covid-19, calificando su actuación de "tardía" y "errática" cuando decretó el estado de alarma, que posibilitó el confinamiento de la población y las medidas restrictivas para contener la pandemia de coronavirus. Por otro lado, se quejan de que esas medidas paralizan económicamente el país. Es decir: se critica que no se reaccionara antes para evitar muertes, mientras que también se critica las actuaciones para paliar la crisis sanitaria porque dañan la economía.

Además, en su página online se pueden leer razonamientos como que "otro loco imperialista, cuya mayor ilusión es la de dirigir la sovietización del resto del mundo, intenta apoderarse de España, colocando como Virrey a uno de sus alumnos". Se entiende que como 'virrey' se refiere al vicepresidente Pablo Iglesias, aunque no especifica a quién hace alusión como "loco imperialista".

Según El Día Después, sus once abogados representan a 3.268 personas, familiares de 3.274 pacientes que han fallecido a causa de covid-19, aunque por el momento solo se han personado 116 familias, "dado que las restantes no han podido obtener" el certificado de defunción necesario para acreditar la muerte de los familiares y sus causas.

Cascadas de denuncias por la gestión de la crisis sanitaria

También otras administraciones han sido denunciadas ante los tribunales, como es el caso del gobierno regional de la Comunidad de Madrid. Así, este mismo lunes, la Asociación Defensor del Paciente envió un escrito tanto al presidente del Tribunal Supremo como a la Fiscalía General del Estado solicitando que se "investiguen y depuren responsabilidades" por supuesta omisión del deber de socorro del Ejecutivo madrileño, presidido por la conservadora Isabel Díaz Ayuso, con respecto a las residencias de mayores de este territorio.

La denuncia estuvo motivada por unas declaraciones de la propia Díaz Ayuso este domingo en las que afirmaba: "Si ha habido criterios técnicos y sanitarios que te dicen que igualmente esa persona va a fallecer, que mejor se quede ahí, yo no lo puedo cuestionar ahora en frío y a toro pasado", declaraciones que se han interpretado como la confirmación de las acusaciones de los últimos meses que hablaban de vetos para la derivación de pacientes geriátricos a los hospitales madrileños.

La presidenta regional ha contraatacado este martes anunciando una querella contra la presidenta de la Asociación Defensor del Paciente por calumnias y difamación por la acusación recibida.

Además, otros 26 demandantes han interpuesto una querella criminal colectiva también este lunes contra el gobierno madrileño. Familiares y empleados de centros de la tercera edad acusan a Díaz Ayuso; Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid; y a diez directores de residencias geriátricas de la región por el fallecimiento de internos o por su mala atención durante esta epidemia.

Desde el pasado 8 de marzo, casi 6.000 mayores residentes en estos centros de Madrid han fallecido con coronavirus o con síntomas compatibles con el covid-19.

Vox y la judicialización de la política

Las anteriores han sido las últimas demandas ante la Administración de Justicia de un largo goteo de procedimientos judiciales que se han iniciado desde que comenzó la crisis sanitaria y comenzaron a decretarse medidas, tanto por parte del gobierno como desde las Comunidades Autónomas.

Así, este martes el Tribunal Supremo archivaba el recurso que el 22 de abril interpuso un particular contra el decreto del estado de alarma alegando que se vulneraban sus derechos de reunión y circulación, entre otros.

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Pero la organización más beligerante en el ámbito penal ha sido el partido de ultraderecha Vox, que ha querido judicializar prácticamente todos los ámbitos de la gestión de la pandemia presentando todo tipo de recursos, querellas y demandas ante los tribunales. Así, el 18 de marzo presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la decisión del Gobierno de incluir al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en la Comisión gubernamental que controla el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Posteriormente, el 20 de abril, el partido presidido por Santiago Abascal pidió a las Fiscalías provinciales que investigase la situación de las residencias de mayores, tras asegurar en el Parlamento que el gobierno había convertido esos centros en "auténticos gulag" y de acusar al Ejecutivo de aplicar la eutanasia en estas instalaciones.

Además, también ha presentado recursos ante el Constitucional contra los dos últimos decretos de prórroga del estado de alarma. Después de haber criticado duramente al Gobierno de Sánchez por no haber declarado ese estado antes, ha sido la primera formación en clamar por la vuelta de la actividad económica, incluso contra el criterio de los expertos sanitarios.

Una de las últimas actuaciones de Vox en este ámbito se llevó a cabo el martes pasado, cuando el partido anunció la presentación de una nueva querella contra el Ejecutivo por los delitos de "prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude" por las compras de material sanitario, donde la formación de extrema derecha atisba corrupción.

Nuria López