Las cárceles catalanas proponen el segundo grado para los condenados del procés

Las cárceles catalanas han propuesto que los nueve líderes independentistas encarcelados por el procés sean clasificados, de entrada, en segundo grado penitenciario. La propuesta, acordada por las juntas de tratamiento -un órgano técnico integrado por profesionales- no es vinculante para el Departamento de Justicia, que tiene la última palabra. El segundo grado o régimen ordinario -en el que cumple la mayoría de presos en España- implica que, por ahora, los dirigentes políticos no podrán disfrutar de permisos de salida. El tercer grado, en cambio, implicaría que los presos podrían salir de la cárcel y regresar solo a dormir.

La decisión se ha adoptado tras un "intenso debate" y "sin unanimidad", según ha detallado el secretario general de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de Justicia, Amand Calderó. Si Justicia la ratifica, los presos podrán solicitar la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que les permitiría salidas flexibles a diario para ir a trabajar o cubrir otras necesidades, como el cuidado de familiares. "El 100.2 es un muy buen instrumento que en cualquier momento se puede utilizar", ha dicho Calderó. No obstante, la propuesta debe salir de las juntas de tratamiento y ser ratificada por un juez de vigilancia penitenciaria.

La propuesta se ha adoptado para los nueve condenados a penas de prisión por los delitos de sedición y malversación: el exvicepresidente Oriol Junqueras; los exconsejeros Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa y Raül Romeva; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; y el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez.

Calderó ha detallado que las juntas de las tres cárceles que acogen a los presos (Lledoners, Puig de les Basses y Mas d'Enric) se han celebrado a las 9.00 de forma "simultánea" para evitar filtraciones. El alto cargo del Govern ha insistido en que son órganos de carácter técnico que trabajan con criterios estrictamente profesionales. "Las penas las imponen los jueces; La Generalitat no dicta las sentencias. Los servicios penitenciarios actúan cumpliendo un mandato judicial", ha subrayado. Calderó ha recordado que los jueces "también tienen la última palabra en el ámbito de la clasificación".

Las juntas han apurado el plazo legal (de dos meses) que da la ley para proponer una clasificación a los presos una vez dictada sentencia. El Tribunal Supremo hizo pública la sentencia del procés, en la que dictó penas de entre nueve y 13 años de cárcel, el pasado 14 de octubre. Su propuesta, sin embargo, es solo el primer paso. "Con la clasificación inicial no se acaba nada; todo comienza". El informe de los técnicos deberá ser ahora examinado por el Departamento de Justicia de la Generalitat, que tiene la última palabra y decidirá la clasificación de los presos.