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Plan de contingencia sobre el impacto de la guerra en los productos agroalimentarios

El Partido Popular ha instado al Gobierno a elaborar un plan de contingencia agroalimentario que prevea el impacto que la guerra provocada por la invasión de Rusia a Ucrania pueda tener sobre el abastecimiento y el precio de los productos procedentes de ambos países, susceptibles de limitaciones en la exportación.

Actualidad - España 05 de marzo de 2022 SERVIEDIA
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En una proposición no de ley registrada en el Congreso de los Diputados, la formación ‘popular’ señala que el ataque ruso tendrá repercusión en el mercado agroalimentario internacional, ya que a Ucrania se le conoce como “el granero de Europa”. En este sentido, desde el PP señalaron que España adquiere el 30% de sus importaciones de maíz a este país, y el 60% de las de girasol.

“Un estudio publicado en la revista científica ‘Food Security’, sobre la limitación de las exportaciones de cereal de Rusia, Ucrania y Kazajistán en casos de malas cosechas, señalaba que Ucrania era uno de los países del mundo que más podía influir en los mercados mundiales y en la seguridad alimentaria mundial, en caso de restricciones temporales a la exportación de estos productos”, incide la proposición no de ley, suscrita por la coordinadora general y portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, entre otros diputados.

En este contexto, el PP advirtió de que la situación actual ha provocado que, en las últimas dos semanas, el precio del trigo haya subido un 10% en el índice Chicago Mercantil Exchange (CME), “la principal bolsa de negociación de derivados sobre materias primas del mundo”.

Asimismo, el texto también pide realizar un plan de contingencia agroalimentario porque las últimas declaraciones de “altos responsables” europeos –entre ellos, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares– indican “que ya están listas sanciones económicas adicionales”.

“Es comprensible la preocupación de los productores españoles, de aceite y vino entre otros, que exportan a Rusia”, prosigue la proposición no de ley, que equipara la situación actual con “lo ocurrido en 2014, tras la ocupación rusa de Crimea, con ocasión del duro cruce de prohibiciones y las repercusiones económicas derivadas de aquel conflicto”.

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