Así lo indicó la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que indicó que lo aprobado por el gabinete es “la autorización para la remisión en los próximos días” del Plan a Bruselas, ya que existe un plazo no obligatorio para ello hasta el 30 de abril.

Una vez remitido a Bruselas, explicó la ministra, la Comisión tendrá en torno a dos meses para dar el visto bueno definitivo al Plan, aunque recordó que para implementarlo no es necesario que ya esté aprobado y que, por ello, el Gobierno ya ha avanzado en algunos ámbitos junto a las comunidades autónomas en las conferencias sectoriales de cada ámbito de acción.

El Plan, destacó Montero, servirá para “conseguir que nuestro país sea más competitivo y más equitativo” mediante el desarrollo de las 110 inversiones y 102 reformas que contempla, mediante proyectos, por ejemplo, para el impulso de la movilidad sostenible, el desarrollo del 5G, el desarrollo industrial, y con la finalidad de alcanzar objetivos como “la modernización del tejido productivo y la administración, impulso hacia un empleo de calidad, avanzar en la economía verde y sostenible y la reducción de las brechas sociales”.

REFORMAS

Según explicaron fuentes gubernamentales a Servimedia, el Plan de Rescate es una hoja de ruta indicativa, ya que la exigencia de la Comisión Europea es que se consensuen previamente con el diálogo social. Así, el Plan diseñado por el Gobierno establece un calendario abierto sobre las reformas a acometer, donde la correspondiente al mercado laboral se impulsaría en primer lugar, seguida por la de pensiones para finales de este año o principios del que viene y dejando para el año 2022 el nuevo sistema fiscal.

Además, junto al plan de miles de páginas que se ha elaborado en continuo contacto con las instituciones europeas, el Ejecutivo remitirá un cuadro macroeconómico que actualiza el facilitado con los Presupuestos Generales del Estado para el 2021 y que quedó desactualizado por el frenazo a la reactivación económica causado por la tercera ola de Covid-19 y el daño provocado por la borrasca Filomena.
Su proyección es que el PIB crezca este año un 6,5% frente al impulso inercial del 7,2% estimado previamente y que podría llegar al 9,8% con los fondos europeos, pero amplía al 7% la expansión estimada para el año 2022, en la confianza de que se recuperará entonces el nivel precrisis. Para el bienio 2023-2024 augura que el PIB crezca un 3,5% y 2,1%, respectivamente.
Para conocer las previsiones en materia fiscal y de deuda del plan de Estabilidad y la senda fiscal hasta el 2024 que se remitirán a la Comisión Europea habrá, sin embargo, que esperar al viernes, que es cuando las presentará el ministerio de Hacienda.
Los grandes objetivos que persigue el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y sus principales líneas de actuación los anticipó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado día 13, tras un primer análisis en el Consejo de Ministros y antes de explicarlo en el Congreso de los Diputados.
La ambición, en muy grandes rasgos, es que con su aplicación la economía sea capaz de crear 800.000 puestos de trabajo en tres años y elevar, de media, en dos puntos porcentuales el PIB nacional por medio del desarrollo de un amplio abanico de proyectos que, buscan, en último término, hacer más moderna, productiva y resistente a la economía.
Para ello, España puede optar a hasta 140.000 millones de euros en fondos europeos en un plazo de seis años, pero ha decidido adelantar la llegada de los primeros 70.000 millones entre los años 2021-2023 buscando imprimir máxima aceleración en la ejecución de los proyectos. En este sentido, para no frenar la puesta en marcha de los proyectos el Gobierno incluyó ya en presupuestos la posibilidad de gastar hasta 27.000 millones este año con cargo a esos fondos.