La Inspección Médica obliga a trabajar a personal de Correos con especial sensibilidad al COVID19

Esta situación de pandemia de COVID-19 está dejando al descubierto que la salud y seguridad de las personas trabajadoras NO importa ni a la inspección médica, que hace primar los intereses de las empresas, la economía y del capitalismo sobre el derecho individual a la salud laboral. 

Como ejemplo, en la provincia de Málaga, al menos dos trabajadoras de la S.M.E de Correos y Telégrafos S.A, con serias patologías y, por tanto, con alto riesgo para su salud en caso de contraer la COVID-19, han sido dadas de alta por la inspección médica del servicio público de salud y obligadas a exponerse en los centros de trabajo al letal contagio. 

Esa inhumana postura está limitada por parte del Ministerio de Sanidad, motivo por el que dichas compañeras habían sido consideradas desde un primer momento como personas de alto riesgo debido a padecer una enfermedad inmunodepresora y un cáncer de mama en tratamiento, respectivamente. Patologías que determinan una protección especial y, por tanto, el aislamiento de la persona que lo sufre, según protocolo publicado. Algo lógico al ser trabajadoras con un porcentaje mayor de complicaciones, incluso de posible mortalidad, en caso de ser infectadas por la COVID-19, cuestión que poco parece importar a la Inspección médica que ha determinado que ambas empleadas de Correos deban volver a sus respectivos puestos de trabajo, emitiendo el parte de alta correspondiente. 

La Inspección médica desprecia no solo a estas trabajadoras, que no son casos aislados, sino que además no tiene en cuenta que el colectivo de trabajadores/as de la empresa Correos es el segundo en número de personas afectadas y contagiadas por el coronavirus a nivel estatal, tras el sanitario, alcanzando casi el millar. Igualmente no tiene en cuenta que Correos se ha caracterizado durante la pandemia por obligar a los trabajadores/as a desarrollar sus funciones sin mascarillas, geles hidroalcohólicos ni guantes, amenazando además con posibles expedientes a aquellos que pusieran en duda trabajar sin medidas de protección.

Aunque las trabajadoras afectadas por las injustificadas altas médicas las han impugnado, dado que persiste no solo el estado de alarma sino el riesgo de contagio por su hipersensibilidad, desde CGT no podemos dejar de denunciar públicamente las actuaciones de la Inspección médica que prioriza los intereses de las empresas y el capital sobre la salud de quienes, conforme a las prescripciones del Ministerio de Sanidad, deben permanecer en aislamiento social para preservar su salud y su vida. 

Las dos trabajadoras referidas estarían dispuestas a facilitar toda la información sobre su situación médica y la actuación de la Inspección sanitaria contra ellas