La crisis en el gobierno de coalición

El gobierno de coalición se adentró ayer en una crisis política que puso en entredicho su capacidad de negociación, justo cuando la oposición de derecha y extrema derecha presiona explotando el malestar social por el impacto de la pandemia.

Las diferencias dentro de la coalición coincidieron con el llamado del partido ultraderechista Vox a protestar contra el gobierno y continuar alimentando así el creciente malestar que existe por las consecuencias económicas de la crisis del coronavirus.

Mientras el país levanta gradualmente el confinamiento impuesto para contener el brote, la cifra de muertos ya alcanzó los 27.940.

La controversia entre los dos socios de gobierno, el Partido Socialista (PSOE) y Unidas Podemos (UP), surgió en torno a un acuerdo que ambos suscribieron con los independentistas vascos de Bildu para derogar la reforma laboral implementada por el conservador Partido Popular (PP) hace más de una década.

El compromiso de derogar la última reforma laboral ya figuraba en el pacto que permitió la reelección del socialista Pedro Sánchez y la formación de un gobierno de coalición progresista con el líder de UP, Pablo Iglesias, como vicepresidente segundo.

Pese a este preacuerdo, el PSOE y UP se metieron en un embrollo al pactar con Bildu sobre este tema sensible a cambio de una abstención de estos últimos en la votación de la última prórroga del estado de alarma que rige en España por la crisis del coronavirus.

El gobierno habría ganado esa votación aún sin la abstención de los vascos de Bildu.

El pacto con los independentistas vascos se ocultó hasta que se concretó la votación parlamentaria y, una vez hecho público, se sucedieron una serie de comunicados y declaraciones con matices y rectificaciones que dejaron en evidencia las fricciones que existen dentro del gobierno, así como su fragilidad.

El texto inicial del acuerdo que difundió Bildu por Twitter hacía referencia explícita a una "derogación íntegra" de la reforma laboral y que esto se haría "antes de la finalización de las medidas extraordinarias" puestas en marcha por la crisis de la Covid-19.

Pero, a última hora de la noche, en una nota aclaratoria, el PSOE aseguró que lo que harían era "recuperar los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012".

"En concreto y con carácter urgente: Derogaremos la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad; derogaremos las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo (...) la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales", precisó el partido mayoritario del gobierno.

El comunicado recogió literalmente lo pactado en el acuerdo inicial que permitió la asunción del gobierno.

De hecho, la citada derogación de los despidos por bajas médicas ya se materializó por decreto en febrero, antes del inicio de la emergencia sanitaria.

En medio del cruce de comunicados, Iglesias aportó la posición de su propio partido.

"Voy a ser cristalino. Pacta sunt servanda (lo firmado obliga). En el acuerdo de Unidas Podemos con el PSOE para la legislatura, la investidura y el gobierno de coalición no se habla de derogación parcial, se habla de derogación de la reforma laboral", afirmó el vicepresidente segundo del gobierno.

Los sindicatos y el sector empresarial recibieron el acuerdo con malestar, mientras que la oposición de derecha y extrema derecha acusó al gobierno de actuar con opacidad y de pactar con "proetarras", en referencia los lazos de Bildu con el antiguo brazo político de la organización separatista ETA.

Los sindicatos reclaman la derogación de la reforma laboral del ex presidente de gobierno Mariano Rajoy que principalmente abarató el despido. Por eso, ahora expresaron su sorpresa por haber quedado al margen de la discusión y aclararon que están a la espera de poder negociarlo junto con los empresarios a partir del 30 de junio.

En cambio, las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme directamente se levantaron de la mesa.

Según afirmaron, el acuerdo con Bildu es un "desprecio al diálogo social" y "tendrá unas consecuencias negativas incalculables en la economía española y en la confianza empresarial tanto nacional como internacional, que impactarán de forma profundamente negativa en el empleo”.

La polémica sobre este asunto provocó fricciones internas en el gobierno más allá del ámbito partidario debido a que, según varios medios españoles, Sánchez estaba al tanto de las negociaciones, pero su vicepresidenta Económica, Nadia Calviño, quien representa la ortodoxia en el gobierno, no.

Fue ella quien forzó la rectificación que hizo el partido.

La propia Calviño dijo hoy que "es absurdo y contraproducente" abrir ahora un debate sobre la derogación de la reforma laboral en el marco de la crisis económica provocada por el coronavirus, según declaró en una teleconferencia organizada por el Círculo de Economía.

Estas diferencias no solo generaron tensión interna en el gobierno, sino que también evidenciaron una debilidad que puede afectar la gobernabilidad de España y poner en juego el reciente apoyo de Ciudadanos y del propio Partido Nacionalista Vasco (PNV), mucho más relevante que Bildu para articular una mayoría parlamentaria.