Ezequiel Fernández Bellido
El Partido Popular presentó este lunes una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados para que el Gobierno de Pedro Sánchez explique “todas las irregularidades que rodean al informe contrario al pase de fase de la Comunidad de Madrid en el proceso de desescalada”.
Recuerdan los populares que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, “anunciaron el rechazo” para que Madrid evolucionase a fase 1 “horas antes de concluirse el dictamen” y que éste “fue filtrado luego a un medio sin que lo conociera el Ejecutivo regional”.
El PP se queja así de que el documento, de poco más de tres folios y que supone que por segunda vez Madrid no pasa a la fase I, se filtró a un medio al día siguiente de la decisión de Sanidad y antes de que lo conociera el Gobierno madrileño, que había advertido de que acudiría a los Tribunales si no lo recibía.
Por ello, el Grupo Parlamentario Popular reclama que se conozcan “todos y cada uno de los informes que realiza Sanidad para decidir en cada ocasión qué comunidades autónomas pasan de fase y cuáles no, así como los nombres de los expertos que avalan las decisiones adoptadas, si es que existen”.
Según el partido que lidera Pablo Casado, otro interrogante que se plantea es el relativo al hecho de que no se hagan públicos los baremos cuantificados que deben cumplir las distintas regiones para el cambio de fase, lo que “permite pensar que las decisiones son discrecionales por parte del Gobierno”.
Las iniciativas del PP también se interesan por “las razones por las que el Gobierno de Sánchez ha ignorado para el cambio de fase de la Comunidad de Madrid los datos contenidos en el mismo informe de ‘Análisis sobre la situación epidemiológica y las capacidades estratégicas sanitarias de la Comunidad de Madrid del Plan de Transición hacia una nueva normalidad’”.
Remarcan los populares que el citado informe “reconoce cifras muy por encima de los mínimos establecidos por Sanidad para indicadores objetivos y medibles como el número de camas de UCI” y subrayan que estos datos sí se han tenido en cuenta “de forma relevante en otros casos” por parte del Ejecutivo central.
