No quedarán "impunes” los insultos contra personas con discapacidad durante el confinamiento

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha advertido de que la Fiscalía no permitirá que “queden impunes” los casos en los que grupos vulnerables, como el de las personas con discapacidad, hayan podido ser víctimas de acoso, insulto o coacción durante el confinamiento decretado por la pandemia.
“Valoraremos caso por caso, las víctimas son nuestra prioridad y no vamos a tolerar que este tipo de hechos se produzcan y queden impunes”, afirma Dolores Delgado en una entrevista en la publicación ‘Cermi.es semanal’, del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

No obstante, Delgado reconoce que, en líneas generales, “se ha asistido a una de las mayores muestras de ejemplo de la ciudadanía con un comportamiento digno de una sociedad democrática y avanzada”.

Ante la mayor exposición a la pandemia y los efectos de la misma de algunos grupos sociales más vulnerables, Delgado señala que “desde el minuto cero la Fiscalía quiso estar a disposición de la sociedad para hacer frente a una eventual afectación a grupos de riesgo, incluidas las personas con discapacidad, convirtiendo su protección en un objetivo prioritario de la Fiscalía”.

PROYECTO AMBICIOSO

Más allá de la situación generada por la pandemia de coronavirus, Dolores Delgado destaca la importancia del trabajo que se ha realizado en los últimos años desde el Ministerio de Justicia, junto al sector de la discapacidad, para avanzar del modelo actual basado en la supresión de la capacidad jurídica hacia un sistema centrado en la provisión de apoyos para la toma de decisiones.

A su juicio, se trata de un “proyecto ambicioso”, ya que el anteproyecto de ley por el que se reforma la legislación civil y procesal en materia de discapacidad modifica más de 150 artículos del Código Civil, al tiempo que reforma leyes como la hipotecaria, de enjuiciamiento civil y del registro civil, entre otras.

“En estos momentos hay temas sanitarios que ocupan la primera línea de la urgencia, pero sigo pensando que se trata de una reforma necesaria”, sostiene Delgado, quien destaca que así lo acreditan también las observaciones del Comité para los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas al Estado español.

Con respecto a la puesta en marcha de la Fiscalía especializada en personas con discapacidad y mayores, Dolores Delgado expone que, “en cuanto se alce la suspensión de los plazos administrativos, se iniciará el proceso para culminar el nombramiento de fiscal de sala que, sin duda alguna, contribuirá al fortalecimiento de esa función constitucional” de defensa de los grupos sociales en situación de mayor vulnerabilidad. En todo caso, puntualiza que esta tarea se hace ya “muy eficazmente” desde la Fiscalía de lo Civil y desde sus delegaciones en las fiscalías territoriales.

Por último, la fiscal general del Estado subraya que “el apoyo a las personas con discapacidad ha sido siempre transversal” desde la Fiscalía para luchar contra las barreras de acceso a la justicia que sigue afrontando esta parte de la ciudadanía. Para ello, destaca que se está tratando de unificar criterios y que “en todas las materias en que la Fiscalía trabaja hay siempre una mención, una referencia, un apartado específico que contemple si se pueden ver afectadas personas con discapacidad”.

Otros hitos para progresar en el acceso a la justicia de las personas con discapacidad son, en opinión de Dolores Delgado, la aprobación de un manual de estilo para que el lenguaje de los escritos del Ministerio Fiscal sea “claro y sencillo”; el impulso de la formación y capacitación de los fiscales que tienen que trabajar con cuestiones relacionadas con la discapacidad, y la reforma en 2017 de la Ley del Jurado Popular, para que las personas con discapacidad puedan formar parte de este tipo de tribunales con los apoyos necesarios.