Los Gobiernos España, Portugal e Italia propondrán a la Comisión Europea la creación de "un sistema de ingreso mínimo común" a modo de "escudo social europeo" contra los devastadores efectos económicos que acarrea la pandemia de coronavirus.
Como adelanto, Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno de España y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030; Nunzia Catalfo, ministra de Trabajo de Italia; y Ana Mendes Godinho, ministra de Trabajo, Solidaridad y Seguridad Social de Portugal, han publicado en la prensa de sus respectivos países una carta dirigida a las autoridades europeas en la que subrayan la necesidad de crear esta renta mínima vital para "asegurar que todo el mundo tiene cubiertas sus necesidades básicas".
La misiva comienza con una dura previsión de las consecuencias económicas de la pandemia y recuerda que, actualmente, en Europa hay "más de 113 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social y 25 millones de niños viven por debajo del umbral de pobreza", y reclama a continuación "una respuesta europea coordinada para evitar una nueva crisis económica y social como la que vivimos tras la crisis del 2008".
En este sentido, el texto invoca el artículo 14 del Pilar Europeo de Derechos Sociales, que establece que "toda persona que carezca de recursos suficientes tiene derecho a unas prestaciones de renta mínima adecuadas que garanticen una vida digna a lo largo de todas las etapas de la vida".
Los firmantes de la carta consideran que este proyecto de renta básica debe cristalizar en "un instrumento jurídicamente vinculante para todos los estados miembros" y estar "adaptado al nivel y al modo de vida de cada país", teniendo en cuenta indicadores como el salario mínimo interprofesional y otros por determinar.
En la práctica, esta propuesta a la Unión Europea está en una fase muy incipiente, y su tramitación definitiva requerirá, con toda probabilidad, negociaciones complejas entre los países miembros. En el caso particular de España, esta prestación sería complementaria al ingreso mínimo vital que el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez tiene intención de aprobar a finales de mayo.
