El Gobierno reconoce que las personas mayores o con discapacidad pueden tener la consideración de personas consumidoras vulnerables en determinadas relaciones concretas de consumo
Dos millones de personas mayores de 65 años, un grupo de riesgo frente a la pandemia, pasaron el confinamiento en soledad, lo que agravó su situación de aislamiento personal, así como las dificultades de asistencia.