La Junta de Andalucía aún no encarcelará a cuatro condenados por el caso ERE

La Audiencia de Sevilla ha decidido este viernes que los altos cargos de la Junta de Andalucía condenados a penas de prisión por la pieza política de los ERE no sean encarcelados hasta que la sentencia sea firme. El tribunal ha decidido que los exconsejeros Antonio Fernández y José Antonio Viera, y los ex directores generales Javier Guerrero y Juan Márquez, condenados a más de siete años de cárcel, no ingresen todavía en prisión y puedan esperar en casa a que la sentencia, emitida la semana pasada, sea firme en el Tribunal Supremo. No obstante, la Audiencia les ha impuesto medidas cautelares, como comparecencias mensuales en el juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salir de España, para evitar que puedan eludir la acción de la justicia

Los tres jueces han comunicado su decisión tras celebrar ayer jueves una vistilla en la que las acusaciones y las defensas expusieron sus argumentos a favor y en contra, después del planteamiento de la Fiscalía Anticorrupción para ejecutar la sentencia sin esperar a que sea firme en el Tribunal Supremo.

Los magistrados se dieron ayer un plazo de un día para rematar su deliberación después de que las defensas arguyeran que los cuatro ex altos cargos han cumplido con la justicia en todos los requerimientos durante los nueve años de instrucción y carecen de grandes ingresos que puedan facilitar su huida.

De los diez condenados por malversación la pasada semana, los fiscales pidieron cárcel para los cuatro procesados que acumulan condenas de más de siete años de prisión, salvo el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo y el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá. Además, Guerrero y Márquez fueron condenados la pasada primavera a otros cinco años de cárcel por malversación en otra causa sobre contratos fantasma, hecho que los fiscales subrayaron ayer en la vistilla, celebrada a puerta cerrada. En 2012 tanto Guerrero como Fernández ingresaron en prisión preventiva varios meses tras ordenarlo la juez instructora Mercedes Alaya.

El fallo de la Audiencia de Sevilla contra la excúpula socialista del PSOE andaluz censura con tono grave el “sistema fraudulento” que instauró la Junta de Andalucía desde el año 2000 para conceder subvenciones directas a empresas en crisis y pagar los ERE mediante el mecanismo de las transferencias de financiación por un total de 680 millones de euros durante una década.