Abascal nombra al frente de Vox Barcelona a dos dirigentes procesados por xenofobia

Los dos principales responsables de la dirección de Vox en Barcelona, nombrada el 2 de octubre por El Ejecutivo de Santiago Abascal (el presidente, Joan Garriga, y la secretaria-tesorera, Mónica Lora), se sentarán próximamente en el banquillo, acusados de un presunto delito de incitación al odio cometido en las elecciones de 2011, cuando dirigían el partido xenófobo Plataforma per Catalunya, que realizó una virulenta campaña contra los inmigrantes musulmanes. Un grupo de afiliados de Vox ha recurrido ante la justicia unos nombramientos que consideran ilegales.

El pasado 1 de octubre, el líder de Vox, Santiago Abascal, visitaba el cuartel de la Guardia Civil en Travessera de Gràcia (Barcelona), coincidiendo con el segundo aniversario del referéndum del 1-O. Al día siguiente, los afiliados del partido en Barcelona recibían un correo firmado por el vicesecretario nacional de Organización, Tomás Fernández Ríos, en el que se les comunicaba que, “en aras de fortalecer y revitalizar la estructura orgánica provincial” ante las elecciones del 10 de noviembre, el comité ejecutivo nacional había decidido “disolver la comisión gestora de Barcelona”.

Han causado lamentable estupor los nombres de los designados a dedo para dirigir el partido en Barcelona, donde Vox obtuvo el pasado día 10 dos diputados y 184.000 votos. Como presidente de la gestora fue nombrado Juan Garriga Domenech, pariente del diputado de Vox Ignacio Garriga, y como secretaria-tesorera Mónica Lora Cisquer, exconcejal de Mataró. Ambos tienen en común su condición de exdirigentes de Plataforma per Catalunya (PxC), un partido de extrema derecha que en las elecciones municipales de 2011 logró entrar en 40 Ayuntamientos catalanes, con casi 70 concejales, y en enero pasado se disolvió, invitando a sus militantes a desembarcar en Vox.

Sin embargo, varios de sus exdirigentes tienen cuentas pendientes con la justicia por sus actividades en un partido abiertamente xenófobo y racista. El juzgado de instrucción número 3 de Reus (Tarragona) dictó el pasado 24 de octubre auto de apertura de juicio oral contra Mónica Lora, la que fuera secretaria general de Plataforma per Catalunya, Joan Garriga y otros 11 antiguos miembros de la cúpula de dicho partido por un delito de discriminación y provocación al odio, castigado con penas de hasta cuatro años de cárcel y 12 meses de multa.

Los hechos por los que tendrán que sentarse en el banquillo se remontan a las elecciones municipales de 2011, cuando realizaron una agresiva campaña bajo el lema “primer els de casa” (primero los de casa) que incluía un cheque simulado de 4.000 euros a nombre de un supuesto musulmán y acusaba a los inmigrantes de acaparar puestos de trabajo, recibir subvenciones, no pagar impuestos o tener vínculos con las mafias.

Para el juez, esta propaganda “excede los límites de la libertad de expresión y golpea el núcleo de la dignidad humana. [...] Tales discursos de odio, dirigidos contra grupos nacional, racial o religiosamente diferenciados, suponen una incitación a que el resto de la sociedad fabrique un enemigo artificial y predisponen a que se dé el caldo de cultivo adecuado para que, en un momento como la crisis económica que se manifestó con toda su virulencia en 2011, se pueda llegar a canalizar cualquier acto violento contra estos inmigrantes”.