Nueva reunión de PSOE y Podemos este martes sobre la ley de Vivienda, ya con Belarra de ministra

La regulación del alquiler sigue siendo el principal escollo, por cuanto desde Podemos se insiste en limitar los precios de los alquileres y desde el sector socialista se aboga por una regulación basada en incentivos fiscales principalmente en las consideradas zonas tensionadas.

Después de meses de negociación, los dos partidos del Ejecutivo han ido acercando posiciones, por ejemplo en lo que se refiere a implantar un tipo de recargo impositivo sobre la vivienda vacía.

Por otra parte, el Ministerio que lidera Ábalos, competente en esta materia, defiende impulsar la vivienda protegida en alquiler a precio limitado, a través de porcentaje mínimo del 50% dentro del suelo de reserva para vivienda sujeta a algún régimen de protección pública, tanto en actuaciones de nueva urbanización como en actuaciones de reforma o renovación de la urbanización.

“Seguimos hablando”, trasladan fuentes consultadas, que admiten que el “tema que queda por desatascar” es el del alquiler. Recuerdan que el Ministerio presentó una “amplia y completa” propuesta “basada en incentivos”.

La ley de Vivienda fue una de las prioridades que se marcó Unidas Podemos desde su entrada en el Gobierno de coalición, pero su líder ha dejado el Ejecutivo para ir como candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid sin cerrar el acuerdo. La negociadora por parte de Unidas Podemos, Belarra, es ahora ministra y se ha marcado entre sus prioridades alcanzar el pacto que permita ver la luz de esta norma.

Pese a las diferencias manifiestas entre ambas partes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tiene “ninguna duda” de que habrá acuerdo, “va a ser importante porque va a ser la primera Ley de Vivienda en nuestro país en más de 40 años de democracia”.

Asimismo, Sánchez defiende que el planteamiento “correcto” es el de tratar la vivienda no como una mercancía, sino como “un derecho que está reconocido en nuestra Constitución”, por lo que pidió “mirar esta nueva normativa no solo desde el punto de vista del alquiler”.

Unidas Podemos coincide totalmente con esta percepción del presidente del Gobierno, y también en que al final habrá un acuerdo entre ambas delegaciones, pero siempre manifiesta esta convicción con un tono velado de amenaza.

Todos sus portavoces, desde Iglesias hasta Belarra pasando por Pablo Echenique, suelen argumentarla señalando que no conciben que Sánchez incumpla el acuerdo de coalición que firmó en enero de 2020, y que incluía facultar a las comunidades autónomas y los ayuntamientos para fijar un precio máximo al alquiler en las zonas tensionadas. Sería, aducen, un fraude a los ciudadanos.

Iglesias, incluso, viene apostillando en las últimas entrevistas en las que le preguntan por el tema, que el PSOE no podría permitirse aprobar esta Ley de Vivienda uniendo sus votos a los del PP. De esa forma da a entender que ni Unidas Podemos ni el resto de los principales socios de investidura de Sánchez, como ERC, EH Bildu o Más País, apoyarían en el Congreso una norma que no incluyera la regulación del precio del alquiler. Y, en efecto, así lo confirmaron sus portavoces, Gabriel Rufián, Mertxe Aizpurua e Íñigo Errejón, el pasado 23 de marzo.

No obstante, desde La Moncloa se mantiene que la Ley no llegará a Consejo de Ministros hasta que no haya acuerdo entre los dos partidos que conforman la coalición, pese a que ya van dos meses de retrasos de la fecha acordada (final de febrero).

Para echar más leña al fuego, el Ministerio de Derechos Sociales publicó el pasado miércoles, ya con Belarra al mando una encuesta según la cual el 90% de los jóvenes de hasta 35 años apoya la regulación del precio del alquiler. Sin embargo, las fuentes de ese departamento consultadas por esta agencia no mostraron ni un ápice más de optimismo respecto a la desoladora última reunión con el equipo de Vivienda, que tuvo lugar el 29 de marzo.

Así, ratificaron que, como denunciaron entonces, la negociación está “estancada” por la negativa del PSOE a regular y poner un tope desde las administraciones públicas al precio de los alquileres. “No estamos en demasiada sintonía”, constataron desde Derechos Sociales.