El Pacto de Toledo insta a favorecer un empleo “de calidad” para las personas con discapacidad y a mejorar sus prestaciones familiares

Así consta en el borrador que salió de la última reunión de la mesa y portavoces de la comisión del Pacto de Toledo y que se revisará el próximo martes, de cara a su votación definitiva, al que tuvo acceso Servimedia.

Entre las 20 recomendaciones que previsiblemente aprobará la comisión esta semana, la décimo octava se dedica a las personas con discapacidad.

La comisión “reafirma que las personas con discapacidad constituyen un colectivo prioritario para los poderes públicos, tanto en términos de cobertura social, como de incorporación al mercado de trabajo en coordinación eficaz con las políticas activas de empleo”.

En este sentido, considera que “deben intensificarse las medidas dirigidas a eliminar los obstáculos a la activación de dichas personas, favoreciendo su acceso a un empleo digno, suficiente y de calidad”.

Para ello, señala que la legislación “debe facilitar la incorporación inclusiva al mercado de trabajo de este colectivo y, también, propiciar su mantenimiento en su actividad profesional originaria en casos de discapacidad sobrevenida”.

Por otra parte, el Pacto de Toledo ve necesaria una “especial protección” para las personas con discapacidad y sus familias “reforzando la cobertura en todas las contingencias en las que la discapacidad sea un hecho relevante”.

Apela a “seguir introduciendo modificaciones en la normativa de Seguridad Social que afecten, entre otras cuestiones, al régimen jurídico de la percepción de las pensiones por incapacidad permanente y a su compatibilidad con la realización de un trabajo, evitando la litigiosidad existente en este ámbito”, según el borrador.

Del mismo modo, el texto recoge que “deben mejorarse los niveles de protección de las personas con discapacidad en las prestaciones familiares de Seguridad Social (asignación económica por hijo e hija a cargo y pensión de orfandad), al tiempo que se corrigen los desajustes normativos que se hayan producido en las medidas de anticipación de la edad de jubilación, flexibilizando las regulaciones que se han revelado rígidas y que excluyen situaciones materialmente dignas de protección”.

También insta a analizar la problemática en el acceso anticipado a la pensión de jubilación de las personas trabajadoras con discapacidad, en relación con las exigencias en el tiempo de cotización requerido, así como para resolver las dificultades que se presentan respecto a la acreditación del mismo.

El Pacto de Toledo considera que “las particularidades de este colectivo deben tenerse en cuenta en la ordenación de la prestación por nacimiento y cuidados de menor, y en la atención a las dificultades y los más intensos apoyos que las mujeres con discapacidad pueden necesitar durante el embarazo y en las primeras semanas tras el alumbramiento”.

Por último, en lo que compete a las prestaciones de los funcionarios que se encuentran adscritos al régimen de clases pasivas, el Pacto de Toledo considera que “las situaciones de discapacidad están lejos de haber alcanzado el grado de relevancia y protección del Régimen General”, por lo que ve necesario trasladar a las clases pasivas los avances producidos en aquél “evitando así asimetrías injustificadas”.