Sánchez impondrá el estado de alarma en Madrid si Ayuso no acata esta mañana las restricciones de Illa

La Comunidad de Madrid ofrece como solución una nueva orden consensuada y se niega a asumir las exigencias de La Moncloa

Actualidad - España 09/10/2020 Redacción Redacción
almeida y ayuso
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El Gobierno de España declarará este mediodía el estado de alarma en la Comunidad de Madrid para mantener el cierre de la región y reestablecer así las limitaciones de movilidad que aprobó el Ministerio de Sanidad y que ha tumbado el Tribunal Superior de Justicia.

Fuentes gubernamentales ratificaron esta mañana a Servimedia que la única opción para no llegar a este extremo es que la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, acepte las indicaciones del ministro Salvador Illa y acate su orden inicial de cerrar la región.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado formalmente una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros a las 12.00 horas para aprobar la declaración del estado de alarma en la Comunidad de Madrid como medida que limite los movimientos de los ciudadanos y evite que la pandemia de Covid-19 se extienda, especialmente ante el puente de este fin de semana por la Fiesta Nacional.

Fuentes gubernamentales ratificaron a Servimedia que este nuevo estado de alarma sería "con las restricciones de movilidad que había ahora", puesto que el objetivo fundamental es dar amparo constitucional a las restricciones de movimientos que estableció hace una semana el Ministerio de Sanidad para la Comunidad de Madrid y que ayer tumbó el Tribunal Superior de Justicia.

"Está todo preparado”, apuntan desde La Moncloa porque "son las mismas medidas" pero habría que "darles una cobertura jurídica para mantenerlas" tras el auto del TSJM que revocó este jueves el cierre de la capital y de otros nueve municipios.

La Comunidad de Madrid confía todavía en que no sea necesario decretar el estado de alarma y ofrece al Gobierno de España consensuar una nueva orden entre ambas administraciones que limite los movimientos pero sin adoptar otras medidas drásticas perjudiciales para la economía. Para ello, fuentes de la Consejería de Sanidad ratificaron que sus técnicos tienen preparado una nueva orden para pactar con el Ministerio.

Anoche el Ejecutivo autonómico confiaba en que esta mañana fuera posible reunir a los técnicos de ambas administraciones para acordar las restricciones más convenientes pero esta mañana al cita sigue sin concretarse y el documento que ha preparado la Consejería de Sanidad todavía no ha llegado al ministro Salvador Illa por falta de comunicación entre las partes.

Además, fuentes cercanas a Ayuso trasladaron a Servimedia que la Comunidad de Madrid no va a aceptar las condiciones de Pedro Sánchez, ya que considera una imposición que le emplace a aceptar la orden de inicial de Illa o que, en su lugar, la inste a solicitar el estado de alarma.

Llegados a este punto, en la Comunidad de Madrid prefieren que sea Sánchez quien asuma la responsabilidad y declare el estado de alarma de forma unilateral, ya que Ayuso entiende que el cierre perimetral de la capital y otros nueve municipios sólo perjudica aún más la situación económica de muchos pequeños negocios.

LAS CONDICIONES DE SÁNCHEZ

Anoche, tras regresar del viaje a Argelia y reunirse con su equipo, el presidente del Gobierno llamó a Ayuso para “abordar las alternativas legales existentes para mantener las medidas previstas en la orden revocada hoy por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por razones no de fondo, sino de mera habilitación legal para adoptarlas”.

En la conversación, según La Moncloa, le ofreció tres posibilidades: “Que la Comunidad de Madrid, como autoridad competente en materia sanitaria, dicte una orden al amparo de lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública”; “que solicite la declaración del estado de alarma para que sea el Gobierno de España conjuntamente con la Comunidad de Madrid quien lo declare y ratifique las medidas en cuestión, o que sea el Gobierno de España quien declare el estado de alarma, sin necesidad de que se formule previamente una solicitud”.

El Ejecutivo considera “importante señalar que, en cualquiera de los tres casos, las medidas de confinamiento perimetral y demás normas serían exactamente las mismas que ya se venían aplicando, pues lo único que cambiaría sería el instrumento legal por las que se adoptan, es decir, la cobertura jurídica”. Desde la Secretaría de Estado de Comunicación indicaron que la presidenta de la Comunidad de Madrid, en una segunda conversación telefónica con Sánchez, le trasladó que necesitaba "tiempo". 

Sánchez amenazó desde Argelia con esta medida a la Comunidad de Madrid después de que la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJM) denegara hoy, por verse afectados los derechos y las libertades fundamentales, la ratificación de las medidas preventivas del Gobierno regional en ejecución de la orden del ministro de Sanidad, Salvador Illa. Pero dio un plazo “prudencial” al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso para que reaccionara.

El presidente ensalzó el jueves que el estado de alarma aplicado en la primera parte de la pandemia "ha resultado ser muy eficaz en doblegar la curva y en mantener a raya el virus". "Por tanto, ese instrumento, como otros, el Gobierno de España siempre lo ha contemplado", proclamó.

En este sentido, Sánchez aseguró que su equipo iba a estudiar la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tras defender que las medidas adoptadas se basaban en criterios científicos, y que se pondrían "todos los instrumentos y medidas encima de la mesa para doblegar la curva" en la región.

La puesta en marcha de este instrumento constitucional la “acaricia” el Ejecutivo desde hace dos semanas cuando estalló la situación entre el Gobierno central y el autonómico por la adopción de medidas para frenar la ola de contagios.

Finalmente, el Gobierno optó por imponer medidas restrictivas mediante una orden de Sanidad amparada en el Consejo Interterritorial de Sanidad, aspecto que varias voces del propio Ejecutivo ya dudaban de su legalidad, según admitieron a Servimedia.
(SERVIMEDIA)

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