En marcha por una renta básica incondicional europea

Por Daniel Raventós, Sergi Raventós y Julen Bollain

Después de muchos meses de excesivo ruido y palabras altisonantes, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se ha ido dando estas últimas semanas de bruces con la realidad.

Son ya legión, desde activistas y académicos, pasando por periodistas y miembros del mundo de la cultura las personas que han mostrado su opinión claramente contraria al desastre del IMV más de tres meses después de su puesta en funcionamiento. Cientos de miles de familias que un día creyeron que este nuevo derecho aprobado por el Gobierno del Reino de España les iba a proteger temporalmente de las turbulencias macroeconómicas y la crisis socioeconómica que ha golpeado todo el planeta, han sufrido en sus propias carnes las enormes trabas y dificultades que una renta mínima condicionada para pobres conlleva consigo.

La pandemia de la COVID-19 está generando una crisis de grandes proporciones que está golpeando en un terreno ya muy maltratado por la anterior crisis del 2008 y por las políticas de austeridad desarrolladas por los gobiernos del PSOE y del PP.

Unas políticas que nos dejaron contrarreformas laborales aún intactas y de las que se están pagando las consecuencias con un mercado laboral altamente precarizado y con unos índices de paro altísimo y, para vergüenza de cualquier gobernante, de desempleo juvenil que ya bate todos los records europeos: más de un 41,7%. Muy por encima de Grecia con un 37,5%. ¡La cifra más alta de la UE de los 27! Esto también es responsabilidad de las políticas económicas de los últimos años. Del PP, pero también del PSOE.

Recientemente también se ha publicado que tres de cada cuatro trabajadores en economía sumergida han perdido sus ingresos con la COVID-19 con lo que ello supone de inseguridad económica y vital.

Todo ello hay que sumarlo a una situación en la que las colas por la obtención de comida crecen en todas las ciudades y algunos bancos de alimentos ya han anunciado que no podrán continuar mucho más tiempo con esta situación.

En multitud de países, diversas instituciones, personas de la academia, intelectuales y activistas están empujando desde sectores muy dispares (cultural, LGTBI, trabajo social, movimientos sociales, sindicalistas…) para que esta adecuación de nuestro sistema de protección social se haga a través de la herramienta más eficaz tanto económica como técnicamente: una renta básica incondicional. Además, son ya numerosos los proyectos piloto que se han puesto en marcha en los últimos años en geografías y economías muy alejadas entre sí, lo que nos ha permitido observar y analizar la evidencia empírica que nos ha demostrado algunos de los beneficios que una renta básica comporta en las personas que la perciben: aumento del bienestar y la seguridad económica así como de la salud mental, mayor confianza en sí mismas, en las demás personas y en las instituciones y una mejora en la oferta laboral, por ejemplo.

La situación actual no nos advierte solamente de un problema de desigualdad creciente, de pobreza creciente, de paro creciente, de degradación de las condiciones materiales de existencia de la gran mayoría de la población no rica. Nos alerta de la amenaza a la libertad para la ciudadanía.

En medio de la pandemia y de abundantes debates sobre la renta básica, el 15 de abril de 2020, el Comité Ciudadano Europeo por una renta básica incondicional entregó a la Comisión Europea una propuesta de Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) para la implantación de una renta básica incondicional en toda la Unión Europea.Iniciativa que fue aprobada el 15 de mayo de 2020.

¿Qué significa esto? Que para que esta ICE sea debatida, y quién sabe si aprobada, en el Parlamento Europeo, a partir del 25 de septiembre de 2020 empieza la cuenta atrás para conseguir 1 millón de firmas en el periodo de un año. Esta recogida de firmas, que también se podrá hacer presencialmente, se realizará básicamente online y será una ocasión inmejorable para dar un empujón más al debate sobre la renta básica, ayudando a que éste se haga con rigor y fuera de la demagogia tan extendida de sus opositores.

Una renta básica implantada a nivel europeo sería un mecanismo redistributivo que, más allá de garantizar la existencia material de la ciudadanía, permitiría que todas las personas que aquí vivimos nos beneficiemos por igual de la riqueza generada gracias a la integración europea. Un mecanismo de solidaridad en forma de transferencias fiscales transnacionales necesarias para que la zona euro reduzca las asimetrías y desequilibrios económicos y sociales. Además, reduciría de manera significativa algunos de los factores para la migración dentro de la Unión Europea, evitando así el efecto negativo de la “fuga de cerebros” en determinados países, a la vez que ahondaría en una mayor legitimidad y apoyo ciudadano al resquebrajado proyecto europeo.

Finalmente, y habiendo observado la evidencia empírica de los proyectos piloto, la renta básica posibilitaría que mejoraran considerablemente las condiciones materiales de la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas europeas, quienes tendrían derecho a unos ingresos incondicionales, sin obstáculos administrativos ni el riesgo de estigma social asociado a las rentas condicionadas. Condición para la libertad de toda la ciudadanía.(Fuente: www.sinpermiso.info )