En una rueda de prensa que ha tenido lugar en Madrid este 05 de noviembre, la Mesa de la Sanidad Pública Madrileña (MedSap) ha denunciado que casi el 40% del presupuesto destinado a la sanidad pública va a empresas privadas. Este porcentaje corresponde a alrededor de 30.000 millones de euros que manejan empresas mercantiles y especuladoras.

De la sanidad madrileña, casi 1.000 millones de euros va a manos privadas.

El mayor importe va a la Fundación Jiménez Díaz, 371,9 millones de euros, actualmente en manos del grupo alemán Fresenius Helios, quienes «están encantados», por todos los ingresos que reciben de España, algo que no pasa en Alemania, según la portavoz de la Medsap.

Al Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, de gestión totalmente privada y con un canon a la constructora hasta el año 2042, se le paga 114,6 millones anuales.

Les siguen los hospitales de Hospital de Torrejón, Villalba, Infanta Elena de Valdemoro y el Puerta de Hierro de Mahadahonda, éste de gestión mixta.

Los cánones que se pagan por la construcción a otros ocho hospitales -Tajo, Sureste, Henares, Puerta de Hierro, Infanta Cristina, Infanta Leonor e Infanta Sofía- llegan hasta el 2037 y suben muy por encima del IPC. Por lo cual, piden una auditoría.

Los portavoces de la Mesa han ido explicando caso por caso cómo estos hospitales han ido pasando de unas manos a otras siguiendo los vaivenes especulativos de los grupos que los han ido comprando, y se preguntan ¿A quiénes estaremos pagando estos cánones» que continuarán en el caso del Hospital de Villalba hasta el año 2043?.

MedSap también ha denunciado el cierre progresivo de los centros de especialidades y el uso de las listas de espera «como herramienta para justificar las derivaciones a la privada». Desde la Mesa se piden auditorías y afirman «Desprivatizar es empezar a sanar nuestra sanidad pública…. es comenzar a recuperar un patrimonio del cual somos titulares».

Ven posible dar vuelta atrás en este proceso si se desarrolla la Ley General de Sanidad 14/1986 al tiempo que se deroga la Ley 15/97 que permitió el proceso de privatizaciones que ha terminado con una peor calidad en la asistencia sanitaria pública.

En estos días, piden a los políticos el compromiso con la reversión de esta situación y  a los votantes que piensen a quiénes entregan sus votos para que la sanidad pública vuelva a estar en manos de todos.

Tomado de Pressenza