La normativa prohíbe expresamente la retribución a las compañías que contratan este 'número inteligente' en el que el consumidor paga la totalidad de la llamada.

Según informó hoy la CNMC en un comunicado, los hechos que han motivado las multas ocurrieron entre diciembre de 2016 y mayo de 2019, dependiendo del operador, y suponen una infracción grave de la Ley General de Telecomunicaciones, puesto que implica el incumplimiento de las condiciones determinantes de las atribuciones y el otorgamiento de los derechos de uso de los recursos incluidos en los planes de numeración.

El regulador aclara que todos los operadores sancionados han cesado en la práctica de la infracción desde hace más un año.

BT ha sido sancionada con 72.000 euros, Orange con 39.000 euros, Vodafone con 37.000, Alai con 13.800 y Xtra Telecom con 5.400 euros.

Todas las empresas, excepto Vodafone, han reconocido la responsabilidad y han abonado ya la sanción.

PARAGUAS

Las empresas contratan las líneas 902 para centralizar los servicios que ofrecen a sus clientes bajo el paraguas de un mismo número. Se trata de un 'número inteligente' que permite a las empresas conocer desde qué lugar geográfico se hace la llamada o a qué hora y esta información les permite mejorar sus servicios de atención al cliente.

Sin embargo, el precio de estas llamadas resulta más elevado para los consumidores que las llamadas a números geográficos. Se trata de un número que no está incluido en las tarifas planas que son mayoritarias en la contratación de servicios de telefonía y esto permite al operador fijar el precio que considera oportuno. Por ejemplo, si se llama desde un fijo, el precio suele ser similar al de una llamada interprovincial, mientras que si se hace desde un móvil, el precio suele ser aún más elevado.

La normativa no prevé qué servicios se deben prestar a través de esta numeración. En todo caso, sí que prohíbe expresamente la retribución al abonado (o empresa) que contrata la numeración 902. Esto significa que la compañía a la que el usuario llama para recibir una información no puede recibir dinero o servicios por la llamada. Es decir, el usuario tiene que pagar el coste íntegro de la llamada a su compañía telefónica.

Por este motivo, las asociaciones de consumidores llevan años librando una batalla contra el uso del 902 en los servicios de atención al cliente. Consideran que deben ser gratuitos para los ciudadanos y reclaman un cambio en la regulación.

La CNMC también se ha manifestado varias veces sobre los 902 con el fin de proteger a los usuarios de estas líneas de tarificación especial.
(SERVIMEDIA)