El portavoz del grupo parlamentario de Sumar, Iñigo Errejón, anunció este jueves su renuncia al escaño y el abandono de todas sus responsabilidades políticas
El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, recordó este jueves las consideraciones de Naciones Unidas sobre las políticas de discapacidad en España y mostró su oposición a la tutela y a la esterilización forzosa de personas con discapacidad, al tiempo que defendió la educación inclusiva.
“España se sometió al examen del cumplimiento de la Convención de las Personas con Discapacidad ante la Comisión de Seguimiento de la ONU. Sus observaciones fueron claras y contundentes”, declaró Iglesias en su comparecencia en el Senado para dar cuenta del trabajo de su departamento.
En este sentido, el vicepresidente dijo “no a la tutela, no a la esterilización forzosa, no al internamiento forzoso” y “sí al avance en la educación inclusiva, sí a las políticas de apoyo a las mujeres y niñas con discapacidad, sí al refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial y sí a potenciar la atención a las personas con discapacidad” en entornos rurales.
En este sentido, reconoció que el Gobierno tiene “pendiente aprobar en Consejo de Ministros la modificación del Código Civil iniciada en 2018 que sustituirá la tutela de las personas con discapacidad por instrumentos de apoyo que permitan a estas personas tomar sus propias decisiones”.
También aseguró que colaborará con el Senado para “erradicar la esterilización forzosa y garantizar el acceso efectivo al resarcimiento, la reparación del daño así como a otros medios de compensación justos y eficaces”.
En materia educativa, Iglesias aseguró que desde su Ministerio “apoyamos la propuesta del Ministerio de Educación de dotar a los centros ordinarios de recursos para atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad a la vez que se refuerza el apoyo a los centros de educación especial”.
Asimismo, señaló que tiene previsto modificar junto al Ministerio de Justicia y el de Sanidad la modificación del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para suprimir los internamientos forzosos de personas con trastornos psíquicos, cumpliendo así con las recomendaciones de la ONU.
El vicepresidente Iglesias también recordó que el colectivo de las personas con discapacidad es especialmente vulnerable en la crisis del coronavirus, de forma que “desde que se decretó el estado de alarma, hemos trabajado para que a las personas con discapacidad a las que el confinamiento les supusiera alteraciones conductuales, como por ejemplo personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) se les permitieran paseos terapéuticos”.
Por último, aseguró que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y sus entidades “han participado activamente en el diseño de las medidas de desescalada, priorizando los servicios de rehabilitación física, psicosocial y atención temprana”.
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