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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia que son 23 los muertos en Bolivia
Desde las elecciones del 20 de octubre, también se han registrado 715 heridos. La CIDH advirtió sobre un decreto del Gobierno provisional que exime a las fuerzas del orden de responsabilidad penal si actúan "en legítima defensa o en estado de necesidad".
Actualidad - Mundo 17/11/2019 RedacciónÚnete a la COMUNIDAD de usuarios del grupo GLOBATIUM para redactores, fotógrafos, periodismo ciudadano, etc...
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció que son 23 los muertos y 715 los heridos en incidentes en Bolivia tras las elecciones del pasado 20 de octubre y el golpe de Estado que llevó a Evo Morales a renunciar a la presidencia del país.
"Se totaliza por lo menos 23 personas muertas y 715 personas heridas desde el inicio de la crisis institucional y política", informó esta entidad en Twitter.
La CIDH explicó en la red social que actualiza las cifras de víctimas en Bolivia después de que "desde ayer [el viernes] son 9 fallecidos y 122 heridos desde la represión combinada de la policía y fuerzas armadas".
Según consigna Eldiario.es, estos datos actualizados se refieren a víctimas en choques entre cocaleros afines a Evo Morales y fuerzas del orden el pasado viernes cerca de la ciudad de Cochabamba, en el centro de Bolivia, en la jornada más trágica desde el comienzo de la crisis.
Evo Morales, que está asilado en México tras el golpe de Estado, escribió en Twitter que las víctimas mortales en estos disturbios son doce, sin citar fuentes.
La autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, expresó en la misma red social que "duele tanta violencia, duele la muerte, Bolivia merece vivir en paz".
La CIDH denunció en esta jornada un decreto del Gobierno provisional de Bolivia que exime a las fuerzas del orden de responsabilidad penal si actúan "en legítima defensa o en estado de necesidad" y bajo criterios de "legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad". El Ejecutivo de Áñez respondió que no supone una "licencia para matar" y se enmarca en la Constitución y las leyes del país.
La Defensoría del Pueblo de Bolivia advirtió de que recibe denuncias "sobre posible implantación de evidencias con el fin de incriminar a personas en actos delictivos" por parte de la Policía. "Es importante que la Dirección General de Investigaciones Internas (DIGIPI) en una señal de transparencia pueda investigar estos hechos y establecer sanciones", añadió en Twitter.
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