Unanimidad para ilegalizar las esterilizaciones no consentidas de personas incapacitadas

El Pleno del Congreso aprobó este jueves por unanimidad la proposición de ley que busca reformar el Código Penal para ilegalizar las esterilizaciones no consentidas de personas incapacitadas judicialmente.

Todos los parlamentarios presentes en la Cámara se pusieron en pie y aplaudieron el respaldo unánime a esta iniciativa que ahora volverá al Senado para su ratificación definitiva.

Con 348 votos a favor, persigue eliminar el párrafo segundo del artículo 156 que en la actualidad despenaliza las esterilizaciones no consentidas de personas cuya capacidad jurídica ha sido modificada cuando las autoriza un órgano judicial.

Esta iniciativa, presentada por el grupo de Ciudadanos en el Senado, ha sido impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y por Cermi Mujeres.

Tras su paso por la Comisión de Justicia del Congreso, la proposición de ley ha incorporado una enmienda transaccional a partir de dos enmiendas del PSOE, que dio lugar a la formulación de una nueva disposición final tercera.

Esta hace referencia a la necesidad de modificar las leyes orgánicas sobre Autonomía y Derechos del Paciente y sobre Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción del Embarazo, a fin de garantizar que las personas con discapacidad reciben la información que precisan en "canales, medios y formatos accesibles" para que “la decisión que adopten sea libre, consciente e informada”.

Para ello, insta al Gobierno a elaborar un proyecto de ley que reforme esta legislación, a fin de asegurar este derecho y también la garantía de que los poderes públicos velarán por el acceso a la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad.

De hecho, esta disposición contó con el rechazo de los diputados de Vox y con la abstención de los del PP, como ya sucedió en la Comisión de Justicia. Fue no obstante aprobada por 204 votos a favor, 90 abstenciones y 54 votos en contra.

En cambio, el dictamen general elaborado por la Comisión de Justicia (que se refería al texto completo) cosechó un respaldo prácticamente unánime, con 346 votos a favor y dos abstenciones.

DEBATE

La portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas de Discapacidad, María del Carmen González, acusó al PSOE de “querer romper el consenso” que la norma obtuvo en el Senado con la introducción de “dos enmiendas que hacen referencia a dos leyes distintas, sin aclarar siquiera qué artículos de estas pretenden reformar”. Sin embargo, afirmó ser consciente del “avance histórico” que esta reforma supone para “la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad”, por lo que aseguró apoyarla y felicitó al movimiento de la discapacidad por el logro conseguido.

El portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia, Luis Sahuquillo, defendió a su vez la nueva disposición adicional, que “sólo busca garantizar los derechos de estas personas a la información y a la educación en materia sexoafectiva”. En su opinión, “a la derecha le sale urticaria siempre que se habla de la Ley de Interrupción del Embarazo, pero se trata sólo de reforzar unos derechos, que también asisten a las personas con discapacidad”. “No le tengan tanto miedo a la libertad”, propuso.

A su juicio, con la tramitación de esta ley, España “avanza en la protección de los Derechos Humanos y en el cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre las personas con discapacidad”, declaró.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas de Discapacidad, Sara Giménez, aseguró sentirse orgullosa de haber contribuido a impulsar una iniciativa “tan necesaria”. “Hoy es un día de cambio para España” y manifestó su sorpresa de que “una anomalía así” se haya mantenido “tantos años en el Código Penal”. A su juicio, se trata de “un atentado contra la dignidad de las personas, sobre todo de las mujeres con discapacidad, que una democracia avanzada como la española no puede permitirse”.

La portavoz de Unidas-Podemos, Marisa Saavedra, destacó que según datos del Consejo General del Poder Judicial, unas mil mujeres con discapacidad intelectual han sufrido esta práctica en los últimos diez años y denunció “el paternalismo y la infantilización de las personas con discapacidad que han justificado esta posibilidad".

En la misma idea insistieron Néstor Rego (BNG) y Sergi Miquel (JxCat) por el grupo Plural, tras resaltar la discriminación múltiple -por discapacidad, género y edad- que se suele dar en las víctimas de esta práctica, que en su mayoría son niñas o mujeres jóvenes con discapacidad intelectual.

El portavoz del PNV en la Comisión de Justicia, Mikel Legarda, manifestó su apoyo a la reforma por “una cuestión de dignidad de las personas con discapacidad”, porque contribuye también a la igualdad de este colectivo y para dar cumplimiento a la legislación internacional sobre discapacidad ratificada por España.

La responsable de Vox, Rocío de Meer, también respaldó la iniciativa que, en su opinión, implica “una mutilación física y un ataque imperdonable a la dignidad de las personas”. Así, lamentó la permanencia de esta previsión legal en el código Penal, algo de lo que acusó al PSOE porque, según declaró, introdujo esta posibilidad en 1989.

La gran mayoría de portavoces que tomaron la palabra felicitaron a las asociaciones de personas con discapacidad como Cermi o Cermi Mujeres por la aprobación de esta propuesta y les agradecieron todo el trabajo realizado.

Una delegación del movimiento Cermi siguió el debate y aprobación de la iniciativa en las inmediaciones del Congreso y después se reunió con los portavoces de Justicia y Discapacidad a las puertas de la fachada histórica de la Cámara Baja para registrar en imágenes el momento, que forma parte del bagaje de logros del sector de la discapacidad en España.
(SERVIMEDIA)