Derechos humanos en Chile: Piñera reconoce “abusos policiales” y una posible reforma constitucional

Ocurrieron durante las recientes manifestaciones de estudiantes y trabajadores que reclaman medidas de fondo económicas y de participación ciudadana. “Ha habido incumplimientos de los protocolos, de las reglas del uso de la fuerza, mal criterio o delitos”, sostuvo. 

Actualidad - Mundo09/11/2019Emmanuel LorenzoEmmanuel Lorenzo
Sebastián Piñera, por EFE
Fuente: EFE.

A mitad del caos social y político todavía atraviesa de lado a lado a Chile, el presidente Sebastián Piñera ha reconocido que se han cometido “abusos policiales” durante las represiones a las multitudinarias movilizaciones que se han desarrollado durante las últimas tres semanas.

Piñera, no obstante, ha insistido en que tanto su Gobierno como las fuerzas de seguridad tienen "el compromiso de respetar los Derechos Humanos", según ha confirmado en diálogo con la prensa chilena.

"Creo que ha habido excesos, abusos, incumplimiento de los protocolos, incumplimiento de las reglas del uso de la fuerza, mal criterio o delitos. Pero eso tiene que ser investigado por la Fiscalía y juzgado por los tribunales de justicia", ha asegurado Piñera.

El mandatario ha indicado que "no soy el juez, pero también observo" y que "todo hecho que pueda revestir carácter de exceso, abuso, delito o atropellos" tendrá que acabar en manos de la Fiscalía. La institución, en este sentido, ha anunciado esta semana la apertura de diligencias a 14 policías por supuestas torturas.   

Reforma constitucional

En contacto con la prensa chilena, Piñera confirmó por primera vez que se están estudiando reformas en la Constitución del país, uno de los principales eje de reclamo de las movilizaciones.

"Hay que hacerlo dentro del marco de la Constitución, la democracia y el Estado de Derecho, porque hay algunos que quieren saltarse ese marco. Pero yo creo en los cambios a la Constitución, que son legítimos y lo vamos a discutir", ha asegurado.

Esta reforma "profunda" de la Carta Magna debería "definir mejor los derechos de las personas" y "las obligaciones del Estado", y "crear mejores mecanismos de participación para que la gente pueda hacer oír su voz".

 

 

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