Por los derechos humanos en Linares

15 de febrero de 2021. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), la Plataforma Defender a Quien Defiende e Irídia – Centro de Defensa de Derecho Humanos  han registrado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Jaén «contra algunas de las actuaciones policiales que tuvieron lugar en Linares el pasado 13 de febrero durante las protestas ciudadanas». Tal y como consta en el escrito de denuncia, las organizaciones han puesto en conocimiento del Ministerio Fiscal que «en varias de las intervenciones llevadas a cabo por los agentes de la Policía Nacional con el propósito de disolver las protestas se observó un uso desproporcionado de la fuerza tanto en la práctica de varias detenciones como durante la realización de algunas cargas policiales».

Ambas organizaciones denuncian «un uso desproporcionado de la fuerza durante algunas de las detenciones». Así, a través de diferentes vídeos publicados en redes sociales que se aportan en la denuncia, las organizaciones señalan que «se tiene constancia de al menos tres intervenciones en las que se evidencia un desmedido e innecesario uso de la fuerza». Durante las actuaciones referidas se constata un «uso injustificado del bastón policial extensible, el empleo de la defensa de dotación -la conocida como porra- cerca de menores y el arrastre de una persona sobre el suelo».

Igualmente advierten que durante la intervención de la Policía Nacional con el objeto de disuadir las protestas «también se dispararon bolas de goma». En especial, inciden en que «en una de esas intervenciones se comprueba cómo tras el disparo de un proyectil de goma cae uno de los manifestantes al suelo y queda inconsciente». En la misma grabación, sostienen, «se puede ver cómo agentes de policía nacional, al ver el estado en el que se encuentra la persona, la voltean y manipulan sin tomar las precauciones necesarias en caso de lesiones graves, la arrastran hacia un portal y la dejan sola; desconociéndose aún cuánto tiempo estuvo en esta situación y cuánto se tardó en procurarle asistencia médica». Otro hecho denunciado es el referido al uso de «una escopeta de postas contra dos de los manifestantes». Con independencia de la responsabilidad administrativa en la que hubieran incurrido los agentes que realizaron los disparos, las organizaciones ponen estos hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal porque consideran que «también son constitutivos de responsabilidad penal».

Por todo ello, las organizaciones solicitan en su escrito de denuncia que la Fiscalía Provincial de Jaén practique una serie de diligencias de investigación «con el fin de aclarar y demostrar los hechos denunciados». De este modo, han solicitado que «se identifique a todos los agentes actuantes, especificando grupos operativos y mandos policiales (medios y superiores), así como el máximo responsable del operativo en terreno, y se les tome declaración». Igualmente, amparándose en una reciente sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, instan a que «se lleve a cabo la recogida de todas las armas que fueron utilizadas, haciendo constar qué agentes usaron armas (sean escopetas de bolas de caucho o armas de fuego) y las características técnicas de las mismas». A su vez, requieren que «se remitan las comunicaciones realizadas por radio u otro dispositivo, con el objeto de determinar qué órdenes se dieron en relación al uso de material antidisturbios y qué agente o agentes lo autorizaron, ordenaron o permitieron». Por último, instan al Ministerio Fiscal a que solicite «copia de la cobertura audiovisual realizada durante el día 13 de febrero a propósito de las protestas, con la finalidad de determinar la identidad de los sujetos que hubieran podido participar en la comisión de los hechos denunciados».

Además de la denuncia registrada ante Fiscalía, las organizaciones han remitido una queja tanto al Ministerio del Interior como al Defensor del Pueblo Español en la que solicitan «que se activen los mecanismos internos de depuración de responsabilidades en las actuaciones que se hayan podido producir casos de mala praxis o indiciariamente delictivos por parte de agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado» y «que se determine qué agentes dieron las órdenes o autorización para el uso de material antidisturbios tales como bolas de caucho y armas de fuego y/o postas, y se lleve a cabo una investigación sobre el material utilizado y por parte de qué agentes, a fin y efecto de remitirlo al Juzgado si fuera necesario».