El Seprona investiga a dos cazadores por falsificar la autorizacion del dueño del coto

Los hechos ocurrieron el pasado 26 de junio, cuando el guardia rural de un coto solicitó la presencia de la Guardia Civil para identificar a dos personas que circulaban de noche por un monte del término municipal de Épila portando un rifle en el interior de su automóvil, según informó este miércoles la Dirección General de la Guardia Civil.

Una vez identificados, el conductor comunicó que venía de cazar de un coto ubicado en Nigüella y mostró a los agentes la licencia de armas, guía de pertenencia del arma, un precinto de corzo y la fotocopia de un documento del titular del terreno cinegético, pero había irregularidades que indicaban que había sido manipulado.

Por ello, el Seprona inició la correspondiente investigación, que determinó que el conductor identificado no contaba con la autorización del titular del coto donde ejerció la caza, así como que el documento que supuestamente lo habilitaba para cazar había sido falsificado, puesto que se trataba de una fotocopia del documento original donde constaba el sello del ayuntamiento, pero se había tachado el nombre de la persona que había sido autorizada para cazar cambiándolo por el del varón que fue identificado.

Esta acción fue realizada con el consentimiento de la persona habilitada para ejercer la caza en ese coto, pero no con la autorización del titular del lugar. Una vez obtenidos todos los indicios que implicaban a ambos cazadores en esta actividad ilícita, estos fueron investigados el pasado 3 de agosto como autor y cómplice de un presunto delito contra la fauna y como presuntos autores de otro delito de falsificación de documento.

El apartado 2 del artículo 335 del Código Penal recoge como delito el cazar o pescar especies no protegidas en terrenos públicos o privados ajenos, sometidos a régimen cinegético especial, sin el debido permiso de su titular, lo que acarrea una pena de multa de cuatro a ocho meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar, pescar o realizar actividades de marisqueo por tiempo de uno a tres años. Asimismo, los artículos 390 y siguientes de la citada norma castigan los delitos de falsedad documental.
(SERVIMEDIA)