Las autoridades cubanas denunciaron que el cerco económico y comercial constituye "una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todas las cubanas y cubanos" y lo calificaron de "genocidio".
La noticia ha despertado numerosas muestras de apoyo entre los vecinos que se han interesado por la situación de los comerciantes y por el futuro de un mercado que forma parte de la vida cotidiana del barrio.