Los recientes conflictos en las asambleas del 8M de Madrid y Barcelona responden a un intento de despotenciar y controlar al movimiento feminista por parte de intereses de partido.

Por Nuria Alabao y Marisa Pérez Colina  

Tanto la manifestación como las diferentes huelgas que el año pasado movilizaron a cientos de miles de mujeres durante el 8M –en 120 ciudades españolas– se están coordinando en asambleas locales abiertas. Así como en encuentros estatales donde participan mujeres de las distintas regiones. La dimensión de lo que se logró el año pasado da cuenta de la complejidad de ese trabajo de preparación de un evento de dimensión internacional. En esas asambleas se pueden llegar a encontrar cientos de mujeres para discutir, proponer, elaborar manifiestos, pensar acciones… Un ejercicio virtuoso de composición entre personas diferentes que muchas veces no comparten trayectorias previas de militancia; un eco del 15M que se ha materializado en el movimiento feminista actual.

Organizar simplemente una de las asambleas que mensualmente se celebran en Madrid conlleva mucho tiempo de trabajo invisible más necesario en tanto no operan aquí jerarquías y cadenas de mando. Las feministas hablamos de tareas de “reproducción”, en este caso, de las dinámicas asamblearias: pensar formas para incluir a las personas nuevas, generar espacios donde se puedan expresar la mayoría de voces, y posibilitar que se despliegue y se exprese esa pluralidad. Las asambleas a las que hemos podido asistir en Madrid han sido espacios en los que vislumbrar la potencia de lo colectivo, acogedoras, alegres y respetuosas, aunque también con tiempos para la discrepancia y el debate. Sin embargo, el pasado jueves en Madrid, un grupo de mujeres irrumpieron las dinámicas habituales mediante gritos e insultos. (Ya se había producido algo parecido en Barcelona el mes pasado y es probable que se de también en otros lugares.) Su única propuesta: introducir una autoproclamada comisión abolicionista saltándose los procedimientos habituales y consensuados de toma de decisiones. Hay que señalar que estas dinámicas que tratan de romper los espacios de coordinación del 8M no han sido espontáneas.

Consenso como forma de construir un sentido común

Las asambleas del 8M tratan de sumar a cuantas más mujeres en torno a contenidos compartidos para construir una movilización masiva y plural, por eso su andamiaje se construye sobre el consenso. Es decir, se asumen y se trabajan aquellos puntos que se van incorporando al sentido común de las participantes, y que en realidad provienen de las luchas vivas que alimentan el tejido del movimiento. Por eso el abolicionismo no es un punto del manifiesto del 8M, porque el movimiento feminista está muy dividido respecto a la cuestión de la prostitución. Por supuesto, en el manifiesto estatal sí está recogida expresamente la lucha contra la trata con fines de explotación sexual. (En Barcelona, sin embargo, el manifiesto del año pasado ya se posicionó recogiendo demandas de las trabajadoras sexuales porque sus luchas hace tiempo que han permeado el espacio de los movimientos sociales de la ciudad.) De hecho, en las asambleas del 8M hay personas que se consideran abolicionistas y otras que no, que llevan tiempo colaborando y que asumen en general que en esos espacios hay que dejar de lado un debate que ahora mismo es irresoluble.

Por otra parte, a la manifestación cada quien va con sus pancartas, sus lemas y sus cánticos. No le pide a nadie que renuncie a sus ideas. Pero las ideas propias no se pueden imponer tensando los espacios colectivos. Hay otros espacios del movimiento desde donde se pueden trabajar las posiciones abolicionistas.

¿Quién está intentando instrumentalizar el abolicionismo?

El debate sobre la prostitución lleva muchos años presente en el feminismo también en nuestro país. Sin embargo, últimamente está emergiendo con una virulencia especial. De hecho, hay muchas abolicionistas que no se sienten representadas en la polarización radical del debate o las formas poco amables con las que algunas están intentando conducir esta cuestión. El abolicionismo también es plural y también construye desde diferentes espacios feministas en colaboración con otras.

En realidad, lo que se está produciendo estos días no es un debate entre abolicionismo y posturas proderechos. De hecho, la manera en la que se trata de imponer esta posición en los espacios de coordinación del 8M no responde a la necesidad de abrir ese debate, sino que más bien se busca precisamente una confrontación de carácter irresoluble. Esta polarización –este conmigo o contra mí– puede ser funcional a determinadas personas o intereses: para agrupar y para acallar los matices de un debate muy complejo, donde se encontrarían por ejemplo abolicionistas que no están a favor de medidas que impliquen criminalizar, invisibilizar o expulsar a las prostitutas del espacio público o que empeoren sus condiciones de vida; y también con activistas proderechos cuyo horizonte último es acabar con la prostitución. Agrupar las propias fuerzas, tensionar el debate para excluir las complejidades y posicionar tu agenda. ¿Os suena esa estrategia comunicativa? Es la de la ultraderecha, y sí, es reaccionaria, porque intenta imponer por la fuerza una verdad moral sobre un sujeto que ahora mismo es plural, complejo y tiene un repertorio de luchas diverso.

El movimiento feminista se encuentra en una encrucijada: esta misma pluralidad lo convierte un campo de disputa sobre su sentido y también en una apetecible fuente de legitimidad política. Quien pueda definir qué es y hacia dónde va, dispondrá de una potente herramienta de intervención y de poder. En estos momentos: el movimiento autónomo y plural que se coordina en las asambleas del 8M impulsa un feminismo transformador, independiente del poder institucional e impugnador de la desigualdad social –un feminismo que sabe que cuanto más grande es esta desigualdad, más abajo estamos las mujeres–.

Pero hay otros feminismos vinculados a determinados intereses de partido, que se impulsan desde espacios institucionales por parte de mujeres a las que el feminismo les sirve para reforzar su posición de clase y su integración en el Estado: sobre este campo de conocimiento –el feminismo–, y esa legitimidad, también se construyen carreras. Para esas posiciones, la huelga es necesariamente una herramienta de lucha incontrolable, excesivamente radical y los contenidos que salen de las asambleas –la lucha contra los CIE, o por los derechos de las migrantes o de las trabajadoras domésticas, la derogación de las reformas laborales, etc.– van contra esos intereses de clase.

No son las feministas de derechas –como las de Cs– las que van a romper asambleas, el feminismo es un campo donde pesca la izquierda. Aquí, quienes se juegan su reproducción como clase –espacios de enunciación pública y posiciones institucionales– son fundamentalmente determinadas personas con posiciones de poder dentro del PSOE, no sus bases ni sus votantes. Así, muchas de las que fueron a romper la asamblea de la semana pasada en Madrid formaban parte del aparato madrileño de este partido –acompañadas de algunos grupúsculos de izquierda, funcionales a esta estrategia del feminismo institucional–. Desde que ocupó el gobierno, el PSOE lleva intentando utilizar la legitimidad de las posiciones abolicionistas para impulsar alguna ley espectacular que les permita apuntarse un tanto aprovechando la oleada feminista. Sin embargo, no les ha salido bien, porque no hay un consenso social sobre esta cuestión –de hecho las encuestas dicen que la mayoría de ciudadanos no apoya medidas abolicionistas–. Así, se ha frenado la aprobación de sendas ordenanzas municipales que presentaron en Madrid y Barcelona sobre la cuestión, y su ley andaluza ha recibido bastantes críticas por su carácter antidemocrático y punitivista. (Hay que recalcar que no solo existe el abolicionismo institucional del PSOE. Muchas abolicionistas están en las asambleas del 8M o construyendo espacios de movimiento y apoyan un feminismo de carácter transformador.)

Rompe y vencerás: nada nuevo bajo el sol

Además de esta cuestión, también hay otra de fondo para el PSOE: una huelga feminista, aunque lleve ese adjetivo, nunca conviene a un gobierno en el poder. Así que hay que disipar su potencia. Un viejo adagio de la política dice que si no puedes controlar algo, divídelo. Es una maniobra bien conocida. Muchas luchas masivas tienen que afrontar en determinado momento el intento de control o de desactivación del movimiento por parte de intereses de partidos. La instrumentalización de las posiciones abolicionistas y el intento de dividir la asamblea del 8M forma parte de esta estrategia; algo que además, les permite ganar presencia mediática. Si lo consiguen, podrían obtener un cierto control político del movimiento y durante el 8M y los meses previos la prensa hablará fundamentalmente de este conflicto y menos de otras temáticas.

De esta manera, se opacarán todo el resto de contenidos impugnadores que pueden molestar al feminismo institucional. Al fin y al cabo, para estas posiciones el abolicionismo es una cruzada moral en la que no se juegan nada, mientras que las luchas feministas que quieren una transformación social más profunda parten de las condiciones de vida propia –de trabajo, de escasez, por la reproducción de una vida en condiciones–, luchas que se entremezclan con los derechos de la mayoría. Así, no quieren que el feminismo hable de vivienda, de trabajo, de pobreza, de derechos de las migrantes sino de temas “de mujeres” que ellas puedan instrumentalizar para afianzar sus posiciones institucionales.

Así, en el fondo esto no va de prostitución o de la vida de las prostitutas. Aquí hay en juego dos formas de entender el feminismo. El PSOE ha dejado claro cuál es la suya proponiendo exenciones fiscales a las empresas que incorporen más mujeres a sus consejos de administración. Un dinero que se dejará de ingresar en un Estado del bienestar que hace aguas por todas partes. Un dinero público que debería ir a dependencia, a guarderías, a los sectores infrafinanciados de empleo público –muchos de ellos feminizados y con condiciones de trabajo deplorables– y que en cambio irá a aumentar la cuenta de resultados de estas empresas –y a los bolsillos de sus nuevas lideresas–.

Por tanto, con la preservación de la autonomía del movimiento lo que nos jugamos es algo importante: el propio sentido del feminismo y la capacidad del movimiento de ejercer de contrapoder institucional. Quieren romper el 8M para arrinconar al feminismo autónomo, para decirnos que es de minorías, cuando precisamente nuestras posiciones tienen más capacidad de interpelación que nunca, ya que conectan con un sentir social mayoritario y con las demandas sociales que laten en nuestro país; recordemos, uno de los más desiguales de Europa con problemas de vivienda, de pobreza infantil, de empobrecimiento generalizado… Nos quieren dejar en el gueto en un momento en el que tenemos la fuerza, las herramientas –la huelga– para disputar al feminismo institucional la potencia política del movimiento.

No está de más recordar que el verdadero enemigo no son las que piensan distinto de nosotras en cuestiones como la prostitución. El enemigo es Vox y la derechización social que impulsa y es a su antifeminismo al que es útil nuestra división. Para combatirlo, necesitamos estar más unidas que nunca, más fuertes que nunca para impulsar también medidas de transformación que taponen las posibilidades de crecimiento de la ultraderecha en las clases populares.