Nuevas denuncias contra los carabineros chilenos por violaciones a derechos humanos

Miembros de la policía uniformada chilena, Carabineros, han cometido “graves violaciones a los derechos humanos” en los 40 días de protestas sociales, ha informado la organización Human Rights Watch (HRW), este martes en Santiago de Chile, tal como lo había hecho semanas atrás el Instituto Nacional por los Derechos Humanos en el país. La “evidencia sólida” recogida por la ONG muestra “preocupantes denuncias” tanto por el uso excesivo de fuerza contra transeúntes y manifestantes, como abusos durante la detención de los ciudadanos, tales como palizas brutales y abusos sexuales. El director para las Américas de la organización, José Miguel Vivanco, que se reunió esta mañana con el presidente Sebastián Piñera, hizo un llamamiento “urgente” para una reforma policial.

“Los abusos durante el período de detención y las graves lesiones sufridas por cientos de manifestantes ocurrieron en gran medida debido a las falencias estructurales para asegurar una adecuada supervisión y rendición de cuentas por las actuaciones de carabineros, que ya existían antes de las manifestaciones del último mes”, indica HRW en su informe.

De acuerdo con Vivanco, las denuncias “no pueden quedar impunes y deben ser pronta y rigurosamente investigadas y sancionadas”. El director para las Américas de la organización, sin embargo, explicó que no tienen antecedentes sobre la violación "sistemática" de los derechos humanos en el país, que según el derecho internacional implicarían una orden de las autoridades máximas: "Responsablemente no podemos hacer ese tipo de inferencias", dijo.

La Moneda reaccionó al informe a través de la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren. "Este informe nos entrega una serie de antecedentes que sin duda nos preocupan y recibimos con dolor", indicó. "Nuestro Gobierno ha comprometido todos sus esfuerzos para que sean investigados en forma transparente por el ministerio público y juzgado por los tribunales de justicia", añadió Recabarren. De acuerdo a la autoridad, fue el Ejecutivo chileno el que invitó al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para observar la situación que vive el país desde el 18 de octubre pasado.

HRW habla de un uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios, "golpes feroces" a los manifestantes, disparos con municiones tipo bean bag (perdigones de plomo dentro de una bolsa de tela), cartuchos de gases lacrimógenos dirigidos directamente contra los protestantes y atropellos con vehículos y motocicletas oficiales.

“Otra de las acusaciones más frecuentes fue que miembros de Carabineros obligaron a detenidos –incluidos niños y niñas– a desvestirse y hacer sentadillas totalmente desnudos en comisarías”. De acuerdo con la información del Ministerio de Salud recogida por la organización humanitaria, hasta el 22 de noviembre “los servicios de urgencia atendieron a 11.564 personas heridas” en el contexto del estallido social, de las cuales 1.100 presentaban lesiones moderadas o graves.

Para HRW, las protestas, que comenzaron el 18 de octubre, “reflejan un descontento masivo por profundas deficiencias en los servicios públicos y la desigualdad económica”. Después de más de 70 entrevistas realizadas durante este mes –a víctimas, policías, médicos, abogados, académicos, representantes de la sociedad civil y altas autoridades del Estado y del Gobierno–, la organización concluyó que “Carabineros hirió a miles de personas, con independencia de si habían participado en hechos violentos o no”.

Un asunto “particularmente alarmante” resulta el uso escopetas antidisturbios que “disparan perdigones en forma indiscriminada”, indicó HRW. Aunque su uso fue suspendido la semana pasada por Carabineros a la espera de informes que determinen su contenido –a las autoridades ahora les resulta dudoso de que se trate de balines de goma, como afirmó la policía durante semanas–, los perdigones causaron al menos 220 lesiones oculares, de acuerdo con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), un organismo independiente y público.