Las plataformas denuncian 443 desahucios durante las últimas semanas

El “Moviment Unitari per l’Habitatge de Catalunya”, con la presencia de las entidades Sindicats d’Habitatge, Sindicat de Llogueteres i les Plataformes d’Afectats per la Hipoteca catalanas, denuncian el elevado número de desahucios que están produciendo y la carencia de respuesta de los gobiernos e instituciones.

Según sus declaraciones, durante el verano se llevó a cabo una campaña de estigmatización de la pobreza, mientras que en otoño se ha producido una avalancha de desahucios. Explican que los desahucios no se pararon en ningún momento: “lo único que pasó durante el confinamiento, fue que los juzgados estaban cerrados, pero una vez abiertos los juzgados, se volvieron a hacer desahucios. En el área Metropolitana de Barcelona se hacen desahucios desde el mes de junio. No ha habido ninguna moratoria que haya parado los desahucios. El Decreto Ley 37/2020, de 3 de noviembre, de refuerzo de la protección del derecho a la vivienda ante los efectos de la pandemia de la COVID-19, aprobado por la Generalitat solo hace unos días, según las plataformas no tiene suficientes competencias para parar los desahucios, puesto que estos son competencia del Gobierno del Estado español.

El “Moviment Unitari per l’Habitatge de Catalunya”, se consideran un servicio esencial, porque están impidiendo que las personas más vulnerables se queden sin casa en plena epidemia de Covid-19. Declaran que no es tolerable que los gobiernos anuncien por los medios de comunicación que paran los desahucios, cuando esto no es cierto. Quién tiene la competencia para parar los desahucios es el Gobierno del Estado español y no se podrán parar los desahucios hasta que este Gobierno no cambie la ley. Desde la Generalitat se ha aprobado un decreto con medidas pensadas para parar desahucios , pero que realmente no los para y no da soluciones a la situación.

Desde el 14 septiembre al 23 de octubre en Barcelona se han producido 443 desahucios, que han afectado a 1.211 personas, mientras que los poderes públicos anuncian medidas para evitar los desahucios, medidas que no han sido suficientes, hay que prohibir los desahucios mientras dure la pandemia.

Los colectivos piden los instrumentos legales necesarios para parar los desahucios y proteger la función social de la vivienda. “Nos dirigimos de manera directa al Sr.Ábalos, Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que es quién tiene las competencias para poner fin a los los desahucios”

“La semana pasada hubo en el barrio de Caravanchel un desahucio de una madre con sus cuatro hijos menores. Esta imagen se hizo viral y despertó la indignación de muchas personas. Cada día hay decenas de desahucios en todas las ciudades de España, centenares de personas pierden sus hogares en plena epidemia de Covid-19, y el decreto que hizo el Ministerio no sirve por nada”.

“Muchas familias están más precarizadas que hace un año, algunas han perdido todos los ingresos, no encuentran trabajo o están pendientes de cobrar un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) que no llega nunca. Millones de personas en todo el Estado, viven ahogadas sin poder hacer frente al pago de unos alquileres prohibitivos, con precios que hinchó una burbuja que desde el gobierno todavía no han pinchado”.

Instan al Ministro Ávalos a escoger entre defender a la gente y su salud o dejar que se produzcan este tipo de situaciones criminales que son los desahucios, que dejan en la calle a familias enteras para proteger el derecho de un pocos.

Piden la suspensión de pagos de hipotecas y alquileres y la suspensión de toda actividad judicial referida a procedimientos de desahucios, como mínimo, hasta el final de la emergencia sanitaria.

Recuerdan que 1.200 desahucios tan solo en el último mes, representan una familia en la calle cada media hora. Piden: si realmente queréis parar los desahucios, dejad de enviarnos policías a nuestras casas, expropiad los pisos vacíos de bancos y fundos buitre. Ni el mercado ni las instituciones están solucionado el problema de la vivienda, la única salida posible es que la vivienda esté fuera del mercado.