Amnistía Internacional denuncia la 'arbitrariedad' en las multas puestas durante el estado de alarma

El director general de Amnistía Internacional (AI) España, Esteban Beltrán, instó este martes a las delegaciones de Gobierno a revisar todas las sanciones propuestas por incumplir las medidas decretadas en el estado de alarma (1.044.717 hasta el 23 de mayo) antes de que lleguen a los tribunales, ya que muchas de ellas se impusieron "de forma arbitraria, aprovechando la indefinición en el delito de desobediencia que introdujo la 'ley mordaza'".

En declaraciones a Servimedia, Beltrán destacó que la propia Abogacía General del Estado indicó que la sola presencia de personas en la calle no era justificativa de la imposición de sanciones, y especificó que el delito de desobediencia debía invocarse cuando algún ciudadano apercibido desoyese o ignorase la recomendaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en este sentido.

Sin embargo, dijo que la inmensa mayoría de la sanciones han sido propuestas por el mero incumplimiento, "aparente", de las condiciones del estado de alarma, "sin mediar ningún tipo de resistencia activa o pasiva a la autoridad", afirmó Beltrán.

Por ello, consideró que las fuerzas de seguridad han realizado un uso "arbitrario" de esta potestad con carácter "solo coercitivo", que sobre todo ha perjudicado a los grupos más vulnerables, como personas que vivían en la calle, familiares que salían a pasear acompañando a hijos con discapacidad o personas que realizaban labores de ayuda a colectivos de migrantes o de gente sin hogar.

En un acto frente a las puertas del Congreso, varios activistas de Amnistía Internacional denunciaron la utilización "perversa" de la Ley de Seguridad Ciudadana, con motivo del quinto aniversario de su entrada en vigor.

Desplegaron cinco paneles en forma de viñeta creados por el historietista Bernardo Vergara en representación de los cinco principales motivos de preocupación de la organización sobre esta ley, que "se ha vuelto más perniciosa durante el estado de alarma".

Según Beltrán, durante estos meses "se han impuesto al menos 61 sanciones que suponen una clara violación de los derechos humanos de las personas afectadas". Señaló que se pueden clasificar en cinco grupos: actuaciones contra personas que viven en la calle; interrupción y obstaculización del trabajo de los periodistas, con amenazas incluso de requisar la información obtenida; malas prácticas policiales, como collejas o empujones; uso excesivo y desproporcionado de la fuerza contra personas que no oponían ninguna resistencia, y entrada en domicilios privados sin autorización judicial.

"Hasta la fecha, el Ministerio del Interior no ha hecho nada para aclarar estos 61 casos", afirmó Beltrán. Por ello, reclamó una investigación exhaustiva y la adopción por parte de España de mecanismos de vigilancia independientes como ya existen en Noruega o Reino Unido. Mientras tanto, reclamó la derogación de la 'ley mordaza' y de la reforma del Código penal, normas en vigor desde el 1 de julio de 2015 y que supusieron "un varapalo para los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica, información y manifestación", añadió.
(SERVIMEDIA)